La Unión Europea avisa repetidas veces pero termina por actuar, en esta ocasión sigue el mismo protocolo que en otras ocasiones. El pasado junio la Comisión avisó a la Comisión del Mercado de las Telecomunicaciones (CMT) de España que el plan que había diseñado podría ser incompatible con la normativa de la UE en esa materia, atentar contra la competencia y no promover la inversión en la banda ancha de alta velocidad.

Lo que más preocupaba a la Comisión era que los precios que el regulador proponía llevaría a que Telefónica cobrara a sus competidores más del 50 por ciento de los costes eficaces. Además, el acceso a la banda ancha al por mayor era la única oferta de Telefónica para su red de fibra óptica y el ministerio de Industria no había previsto otras salvaguardas de competencia ni normas más estrictas de no discriminación.

La respuesta del ministro Soria a la comisaria Neelie Kroes, fue que la CMT estaba en proceso de transformarse en el actual regulador (CNMC) y que habría una corrección. Tres meses después, la Comisión, que ha estado investigando en profundidad, llega a la conclusión de que la propuesta de la CNMC «sigue sin tener la suficiente transparencia y contiene algún elemento de arbitrariedad, teniendo en cuenta que la CNMC no ha justificado en detalle los niveles de precios fijados».

El Organismo de los Reguladores Europeos de las Telecomunicaciones (ORECE), coincide en sus apreciaciones con la Comisión que exige a la CNMC que retire o modifique su propuesta y la adapte a la normativa europea o estudiará las medidas jurídicas que puede aplicar en virtud del artículo 7 de la Directiva marco sobre telecomunicaciones.

Según ese artículo la Comisión junto con ORECE y con el regulador español dispone de tres meses

para examinar cómo se modifica la propuesta.