El Comité Electoral Central de Bielorrusia ha dado por buena la elección de los diputados a la cámara baja del legislativo, con una participación del 74%. Todos son «candidatos del régimen», según denuncian portavoces de la oposición.
De los 300 candidatos que se presentaron, solo 26 eran contrarios al régimen, los grupos de izquierdas 'El mundo justo', los socialdemócratas 'Gramada' y el movimiento civil 'Di la verdad'. La mayoría de los opositores se había retirado antes por la falta de transparencia y habían lanzado la campaña «Elecciones limpias sin Lukashenko».
El dirigente opositor Anatoli Lebedkó, ya había denunciado antes de la votación que menos del 1% de los miembros de las comisiones electorales eran opositores y que los medios de comunicación censuraron en la campaña a los contrarios al régimen. El antecedente también contaba porque en las presidenciales de 2010, centenares de opositores fueron detenidos. Tras los comicios del domingo, cinco partidos de la oposición han anunciado que no reconocen los resultados.
La misión de observadores de la Organización para la Seguridad y Cooperación en Europa (OSCE) que ha vigilado las elecciones bielorrusas concluye que no se han respetado los derechos de los ciudadanos a asociarse, presentarse como candidatos y expresarse libremente. Asimismo, afirman que la administración electoral no ha sido imparcial.
¿Qué hace la UE ante la represión en Bielorrusia?
En un comunicado conjunto, la jefa de la diplomacia europea, Catherine Ashton, y el comisario de Ampliación y Política de Vecindad, Stefan Füle, señalan que «las elecciones parlamentarias representan una nueva oportunidad perdida para llevar a cabo elecciones en consonancia con las normas internacionales en Bielorrusia». La UE dice haber seguido de cerca el periodo prelectoral y la jornada de votación y señala que, aunque hubo mejoras, «lamentablemente las elecciones tuvieron lugar en el contexto de un clima general de represión e intimidación.»
Ashton y Fülle «alientan a las autoridades de Bielorrusia a respetar sus compromisos internacionales y aplicar los principios democráticos y los derechos humanos, y estamos dispuestos a ayudar a este fin.»
Sin embargo, Bruselas aclara que como Comisión Europea poco más puede hacer, porque «la implementación de sanciones está en manos de los Estados miembros», según ha precisado la portavoz de Asuntos Exteriores, Maja Kocijancic, quien recordó que las medidas tienen que ser aprobadas por unanimidad. En cualquier caso, para la Comisión, la política de sanciones es «una herramienta útil para presionar a aquellos que son responsables de estar ejerciendo la represión para que dejen de ejercerla y, en el caso de Bielorrusia, se solucionen los casos de los presos políticos». Los ministros de Exteriores de la UE se reunirán el 15 de octubre para evaluar los últimos acontecimientos ocurridos en Bielorrusia.
Previsiblemente, su decisión no servirá de mucho. Al depositar su voto, el presidente Lukashenko, en el poder desde 1994, afirmó que «las elecciones se celebran para el pueblo de Bielorrusia y no para Occidente. Lo que marque el pueblo en las cabinas de votación es lo que va a ser en el futuro».