El BCE, contesta al ministerio de Economía, que le envió a finales de abril el proyecto de ley de protección de los deudores hipotecarios, reestructuración de deuda y alquiler social, que se aprobó en España el 8 de mayo sin esperar el dictamen que había solicitado.
La entidad financiera europea dice que la legislación nacional debe, sobre todo, hacer que los intereses de todas las partes mantengan un equilibrio, teniendo en cuenta que «estarán en juego derechos de propiedad fundamentales y otros intereses socioeconómicos».
El BCE subraya que «la ejecución hipotecaria debe considerarse el último recurso» y que el banco debería ser el primer interesado en evitar el desahucio, «que resulta costoso y generalmente produce menos ingresos que las ventas voluntarias si la persona que tiene hipotecada su casa «continúa cumpliendo todas o una parte acordada de sus obligaciones de pago».
Considera el BCE, que es importante que las instituciones de crédito adapten sus «prácticas actuales» para evitar los desahucios y que las leyes deben proporcionar incentivos a todas las partes interesadas para que acuerden una reestructuración de deuda oportuna y razonable en caso de incumplimiento».
Concluye que se debería adoptar un conjunto de medidas «más amplio» que aborde las causas subyacentes que impiden cumplir con la hipoteca y «que trate de evitar, en la medida de lo posible, las ejecuciones hipotecarias».
Solo con una estrategia de resolución más amplia, dice la respuesta al ministerio de Economía, se puede hacer frente a «los retos que plantean los cambios en las circunstancias económicas de los prestatarios, los cambios sustanciales en el valor de los inmuebles y el posible resultado de hipotecas inviables» reduciendo «al mínimo el posible riesgo moral».
Al BCE le parece bien la decisión del Gobierno de establecer un fondo social de viviendas, pero cree que debería formar parte de una estrategia más amplia que lleve a que se realicen menos desahucios y a la vez a que ese fondo social de viviendas no fuera tan necesario.
