El Parlamento Europeo aprobó el miércoles la propuesta hecha por la Comisión Europea para poner en marcha el artículo 7.a de la Directiva de Calidad de los Combustibles (FQD, por sus siglas en inglés). A pesar de que fueron más los europarlamentarios que votaron en contra que a favor de la misma (337 frente a 325), por considerarla insuficiente y muy poco ambiciosa, no se logró la mayoría cualificada (376 votos) que hacía falta para rehusarla.
Salió así adelante el mecanismo que, en teoría, debería conseguir el objetivo de reducir un 6% las emisiones de los combustibles de transporte hasta 2020 (tomando como referencia las emisiones medias de 2010). En la práctica no será así.
Los propios estudios encargados por la Comisión Europea aseguraban que los petróleos no convencionales (llamados así porque su obtención requiere de técnicas más complejas y sofisticadas que la simple extracción mediante la excavación de pozos) requieren de un mayor consumo de energía para su obtención y transporte, lo que se traduce en unas mayores emisiones de GEI respecto a los petróleos convencionales: un 23% más en el caso del procedente de las arenas bituminosas, y un 50% más en el caso de los procedentes de esquistos bituminosos.
Parecía por tanto lógico que la metodología para medir las emisiones de cada combustible distribuido en la UE distinguiera la tipología y procedencia del petróleo. De este modo se hubiera podido orientar el mercado europeo hacia el consumo de los petróleos menos contaminantes para cumplir así con el objetivo de reducción. Pero la lógica chocaba con los intereses que las grandes petroleras tienen en los petróleos no convencionales, especialmente en el petróleo de arenas bituminosas de Canadá y en el petróleo de esquisto de EEUU. Por esta razón, las petroleras norteamericanas, y también Repsol , junto con el gobierno de Canadá y EEUU, se opusieron frontalmente a la diferenciación por tipología de petróleo y a la penalización de los más contaminantes. Propugnaban a cambio, un simple valor medio para toda clase de petróleo, independientemente de su tipología.
Y es precisamente esto lo que finalmente han conseguido con la votación de ayer en el Parlamento Europeo. Se cierra así un proceso que ha durado cerca de ocho años, y en el que la UE se pliega a los intereses petroleros. Al aplicar un valor medio para todo tipo de petróleo, no queda claro cómo se logrará el objetivo de reducción. No existe una referencia clara sobre la que evaluar.
De este modo la UE antepone los acuerdos comerciales a sus compromisos climáticos, ya de por sí poco ambiciosos. Las negociaciones por conseguir acuerdos de libre comercio con Canadá y EEUU (CETA y TTIP, respectivamente y por sus siglas en inglés), desde donde ambos gobiernos hicieron de correa de transmisión de los intereses de las grandes petroleras, se acaban de cobrar su primera víctima en materia de regulación ambiental; sin embargo no será la última. A no ser que la sociedad europea ponga freno a la firma de dichos acuerdos (CETA y TTIP) por parte de las autoridades de la UE, veremos cómo se continúa por la senda de la desregulación ambiental, poniendo en peligro los escasos y poco ambiciosos compromisos ambientales de la UE.
