La Comisión europea ha concretado las primeras medidas que debe poner en práctica la UE para conseguir el Espacio único de seguridad y justicia que los 27 acordaron el pasado diciembre. Es el llamado Programa de Estocolmo, que debe estar ultimado y en vigor en 2014.

El objetivo es que los 500 millones de europeos gocen de los mismos derechos y tengan las mismas garantías jurídicas en cualquier país de la Unión. Ahora hace falta la aprobación del Parlamento europeo y la colaboración de los gobiernos y los parlamentos nacionales.

La comisaria de Justicia, Viviane Reding, aclara el propósito: «Los ciudadanos de la UE no deberían encontrar obstáculos para acceder a la justicia cuando salen de sus países de origen. Pretendo que los ciudadanos confíen en que la UE protegerá sus derechos cuando se hallen en el extranjero, tanto si lo están para formar una familia como para jubilarse, solucionar litigios contractuales o hacer frente a las consecuencias de un accidente de tráfico».

De modo, que Bruselas se propone mejorar la protección de datos de los ciudadanos modernizando la directiva de 1995; reforzar los derechos de los acusados en procesos penales, reducir las trabas burocráticas para ciudadanos y empresas, al garantizar que las decisiones judiciales y la documentación civil se reconozcan en el extranjero sin necesidad de procedimientos farragosos ni costes excesivos; simplificar el cobro transfronterizo de créditos y la solución alternativa de litigios y fomentar el comercio electrónico, con una legislación europea en la materia.

Según Bruselas, se trata de facilitar la vida de los europeos, mediante el reconocimiento mutuo de los Códigos penales y civiles y su aplicación. Así que también se actuará en asuntos de Interior, para reforzar la seguridad ciudadana. La titular europea, Cecilia Malmström, dice que «vamos a proponer, entre otras cosas, un sistema de entradas y salidas para el espacio Schengen, a fin de que las personas puedan cruzar las fronteras con menos trámites burocráticos y mayor seguridad. También adoptaremos instrumentos para combatir más eficazmente la delincuencia organizada y usaremos las nuevas disposiciones del Tratado de Lisboa para tipificar como delitos los ciberataques y la usurpación de identidad en Internet. Asimismo deseo establecer un sistema común de inmigración y asilo basado en la solidaridad.»