La UE y Marruecos han suscrito este lunes un nuevo acuerdo agrícola que probablemente se pondrá en marcha en el segundo semestre de 2011. También se han tratado de pasada los hechos ocurridos en noviembre en el Sáhara Occidental.
El ministro belga de Exteriores, Steven Vanackere, como representante de la UE pidió que haya el «máximo de transparencia» sobre los sucesos. Por su parte el ministro marroquí de Exteriores Fassi Fihri, señaló que su país ha abierto una investigación y recordó que organizaciones de defensa de los Derechos Humanos han elaborado informes sobre lo sucedido. Human Rights Watch y Amnistía Internacional señalan en sus informes que se debe abrir una investigación independiente sobre los muertos y la brutal actuación de la policía.
Marruecos ha pedido a la UE que «acompañe» las negociaciones con el Frente Polisario auspiciadas por la ONU que se celebrarán los próximos 16 y 18 de diciembre.
Acuerdo Comercial
Se han suscrito tres acuerdos comerciales dentro del Consejo de Asociación UE-Marruecos. Uno de apertura del comercio agrícola y pesquero, que está cerrado desde hace un año pero en el que ahora se avanza clarificando los trámites para su aplicación.
Este convenio aumenta la cantidad de tomate con bajo arancel que Marruecos podrá vender a los Estados miembros. En la actualidad el cupo es de 233.000 toneladas anuales, que irá aumentando en cinco años hasta 285.000 toneladas. Se incluyen otras frutas y verduras, pero en España lo que más interesa es el tomate.
Europa podrá vender al país norteafricano productos transformados, conservas, lácteos o cereales. Además se crea un mecanismo para resolver disputas comerciales y otro que permitirá a Marruecos participar en los programas de la UE.
Las organizaciones españolas de productores y exportadores hortofrutícolas lamentan que se hayan aprobado estos acuerdos y esperan que el Parlamento Europeo, que debe ratificarlos, les ponga freno. El europarlamentario , José Bové de Los Verdes, ha pedido a los servicios jurídicos del Palamento su opinión sobre la legalidad de que en los acuerdos se incluyan los productos de los territorios saharauis.
