«¿Ahí vivís gratis, no?», preguntó una señora al pasar por delante de la corrala Buenaventura, ubicada en un edificio de Málaga que fue ocupado en febrero por familias desalojadas de sus viviendas que no habían podido pagar las cuotas hipotecarias a causa del desempleo.

Suspendido el decreto andaluz antidesahucios El decreto antidesahucios podría afectar «negativamente» a los bancos

Una nave de 280 metros cuadrados en el municipio malagueño de Coín, acoge una granja de cría de insectos para consumo humano y la elaboración de harina para animales. Una actividad que, pese al respaldo de la FAO, encuentra trabas para su desarrollo.

Inés Benítez

En la fábrica textil a la que Lourdes Soler llevó el diseño de sus faldas nunca habían visto un «plano» tan detallado de una prenda. El hundido mercado laboral llevó a esta arquitecta técnica a reinventarse y a crear su propio empleo, una tendencia creciente en España.

Isabel Rodríguez decidió sacar del sistema escolar institucional a su hijo Ulises, cuando tenía nueve años, y educarlo en el hogar, una alternativa escogida por más de 2.000 familias españolas que claman al gobierno por la regularización y normalización de una opción creciente en el país.

Panes de harina integral de centeno, lechugas y acelgas son algunos de los productos ofrecidos en el pequeño mercado ecológico del huerto urbano El Caminito, en esta ciudad del sur de España, con precios fijados en comunes, una de las más de 30 monedas sociales en circulación en el país. «El objetivo es buscar una alternativa a la lacra del capitalismo salvaje y sembrar la base de una sociedad más justa y solidaria», explica David Chapman, de la plataforma Málaga Común

España está en cabeza en la Unión Europea en materia de cultivos a gran escala de semillas genéticamente modificadas. Según la cantidad de experimentos y la extensión de los terrenos plantados, España acoge el 42 por ciento de los ensayos experimentales de cultivos modificados al aire libre de la UE, según datos del Centro Común de Investigación de la Comisión Europea.

«Antes éramos muy útiles y ahora somos una piedra en el zapato», dice el ecuatoriano Roberto Suárez, rechazando que se castigue con multas y cárcel conductas solidarias de españoles hacia extranjeros indocumentados, como puede ocurrir si finalmente prospera el anteproyecto de reforma del Código Penal. El cambio propuesto al artículo 318 bis del Código Penal establece que «quien intencionadamente ayude, con ánimo de lucro, a permanecer» en España «a una persona que no sea nacional de un Estado miembro de la Unión Europea, vulnerando la legislación sobre entrada o estancia de extranjeros, será castigado con una pena de multa de tres a 12 meses o prisión de seis meses a dos años».