Estados Unidos ha lanzado una estrategia global para su actividad militar en el Ártico, destinada oficialmente a equilibrar «la seguridad humana y la del ambiente» en la región, pero en la que activistas ven una ofensiva para crear mejores condiciones de negocios para la explotación de sus ricos yacimientos de hidrocarburos.

Una de las prioridades de la agenda de la cumbre internacional que se celebra en Montreal será conseguir un acuerdo para limitar las emisiones de gases de efecto invernadero producidas por la aviación mundial. Todavía quedan detalles por resolver aunque las conversaciones se iniciaron hace más de una década y media.

En casi todas las regiones del mundo hay países que adoptan un sistema penitenciario privado promovido por Estados Unidos, pese a que la evidencia acumulada muestra que no son rentables ni ofrecen servicios adecuados.

Mientras políticos en todo el mundo se preguntan cómo reducir las futuras emisiones contaminantes, algunos científicos y ambientalistas se centran en definir maneras seguras y eficientes de disminuir el dióxido de carbono que ya está en la atmósfera. El biocarbón o «biochar» es una de ellas.

Organizaciones de trabajadores advierten muchas debilidades en el acuerdo anunciado por 17 fabricantes y comercios minoristas, entre ellas las firmas estadounidenses Walmart y Gap, destinado a fortalecer las condiciones de empleo y los derechos de trabajadoras y trabajadores textiles de Bangladesh. Las empresas norteamericanas se distancian así de los acuerdos aprobadas por sus homólogas europeas.

La cuarta parte de todas las calorías derivadas de alimentos cultivados para el consumo humano se pierden o se derrochan, ya sea a propósito o no, según nuevas estimaciones. La UE se ha fijado el objetivo de reducir el derroche de alimentos a la mitad en 2020.

El nuevo secretario de Defensa de Estados Unidos, Chuck Hagel, ha presentado una reforma del código jurídico de las fuerzas armadas que reducirá las potestades de los comandantes de alto rango de anular fallos de la justicia militar.

La decisión de Hagel es una respuesta directa al último escándalo ocurrido en marzo, cuando un teniente general anuló la condena por agresión sexual agravada emitida en noviembre contra un teniente coronel que involucra a una funcionaria civil de una base aérea de la OTAN en Italia.