Una coalición de 134 inversores institucionales ha reclamado a empresas trasnacionales que adopten políticas de transparencia en sus cadenas de suministro y que refuercen la asistencia a sobrevivientes y familiares que aún sufren las consecuencias del incendio que hace un año derrumbó un centro textil en Bangladesh y causó la muerte de más de 1.130 trabajadores.
Según los principales científicos del clima las emisiones humanas de gases de efecto invernadero han crecido más rápidamente entre 2000 y 2010 que en las tres décadas anteriores, a pesar de la adopción simultánea de leyes nacionales para reducirlas en distintos lugares del planeta,
El Fondo Monetario Internacional (FMI) entra de lleno en el debate mundial sobre la cada vez mayor desigualdad de ingresos, ofreciendo una serie de polémicas conclusiones que contradicen la ortodoxia económica que ha enarbolado durante décadas.
El FMI, la principal institución financiera multilateral, sostiene que la desigualdad de ingresos «tiende a reducir el ritmo y la perdurabilidad» del crecimiento económico.
El grupo de los países más ricos ha presentado un nuevo modelo de intercambio automático de información financiera, que pretende atacar mejor la billonaria evasión fiscal en el mundo. Los partidarios de actuaciones de transparencia financiera más estricta saludaron la medida, anunciada este jueves la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE).
Un grupo de inversiones multimillonario en Estados Unidos ha lanzado una campaña para exigir a grandes grupos económicos, como las tiendas Walmart, la aerolínea Delta y la red hotelera Hyatt que sus filiales en todo el mundo dejen de permitir el trabajo forzado y la trata de personas, entre otros abusos a los derechos humanos.
Los países en desarrollo pueden perder más de un billón de dólares cada año, procedentes de delitos y corrupción. Este flujo ilegal va en rápido aumento y ya es 10 veces mayor que el monto total de ayuda extranjera que estas naciones reciben. Entre 2002 y 2011, los gobiernos del mundo en desarrollo dejaron de percibir casi seis billones de dólares.
Las organizaciones reclaman a la OMC que diga de forma clara que los recursos hídricos no pueden tratarse como productos básicos. Los que critican las privatizaciones y la financiación de los recursos naturales señalan el cada vez mayor interés de los inversores multinacionales en comercializar los recursos hídricos comunes. Un cambio que puede tener efectos particularmente dañinos en las comunidades pobres y marginadas.