Jefes de Estado, organizaciones de la sociedad civil y directores de algunas de las mayores empresas del mundo animan a sus pares a que firmen un acuerdo internacional histórico destinado a frenar la deforestación para el año 2030, aunque otras voces advierten de que la iniciativa se queda corta. La Declaración de Nueva York sobre los Bosques recibió aproximadamente 150 firmas el 23 de septiembre en la cumbre del clima de la ONU.
Estados Unidos comenzará a desarrollar un plan de acción nacional de prácticas empresariales responsables que tendría repercusiones en todo el mundo, dado el tamaño de su economía y la cantidad de compañías transnacionales de las que es sede. El plan detallará la forma en que Estados Unidos aplicará las pautas de la ONU que describen la responsabilidad que tienen las empresas transnacionales en el respeto de los derechos humanos.
Setenta y tres países han respaldado formalmente este lunes la fijación de un precio internacional a las emisiones de dióxido de carbono, entre ellos China, Rusia y la Unión Europea, con las importantes ausencias de Estados Unidos e India. En conjunto, estos países representan más de la mitad de todas las emisiones de gases de efecto invernadero.
Documentos internos que acaban de ser divulgados indican que Estados Unidos intenta bloquear una propuesta de reglamentación de la Unión Europea (UE) sobre cambio climático, con el fin de obligar a los países europeos a importar petróleo no convencional que especialistas consideran especialmente dañino para el ambiente.
El coste ambiental del plástico que utilizan las empresas de bienes de consumo asciende a más de 75.000 millones de dólares anuales, según un informe de la ONU. El cálculo se basa en el coste de las emisiones de gases de efecto invernadero generadas por la producción y el impacto de la basura sobre la vida silvestre y los ecosistemas, especialmente en los océanos.
Los países del Sur en desarrollo contarán con una iniciativa destinada a fortalecer su capacidad de negociar complejos contratos con poderosas empresas transnacionales, en particular con las corporaciones extractivas de recursos naturales, como el petróleo y el gas. La iniciativa, denominada Fortalecimiento de la Asistencia para la Negociación de Contratos Complejos (CONNEX), se anunció en la cumbre de Bruselas del G7 –integrado por Alemania, Canadá, Estados Unidos, Francia, Gran Bretaña, Italia y Japón-, celebrada los días 4 y 5 de este mes.
Por primera vez, cerca de 1.300 empresas de EE UU informaron sobre si los productos que fabrican o venden contienen minerales que financian los conflictos armados en la región de los Grandes Lagos de África central. Ha sido el primer resultado concreto de una ley aprobada en 2010 para ayudar al cese de la prolongada guerra civil en República Democrática del Congo (RDC).