El número de ejecuciones registradas en el mundo aumentó un 14 por ciento el año pasado. Las medidas antiterroristas en Iraq y las políticas de mano dura contra las drogas promovieron más de la mitad de los casos de aplicación de la pena capital.

En un informe divulgado este jueves 27, la organización de derechos humanos Amnistía Internacional señala que por lo menos 778 personas fueron ejecutadas en 22 países el año pasado, aunque el recuento no incluye a países como China, donde las estadísticas sobre la pena de muerte son secreto de Estado.

Se estima que ese país de Asia ejecuta a miles de prisioneros cada año por fusilamiento. «China es un caso particular. Nada se le asemeja en términos de ejecuciones reales», dice Jan Wetzel, asesor sobre la pena de muerte en Amnistía Internacional.

«Sin embargo, vemos algunas señales de esperanza, en especial en relación con las discusiones internas. Dentro de la elite china aumentan las dudas sobre la pena capital», añadió.

Sin contar a ese gigante asiático, cuatro de cada cinco ejecuciones se realizaron en países de Oriente Medio : Irán, Iraq y Arabia Saudita.

El agravamiento del conflicto sectario en Iraq y la dura respuesta del gobierno provocó un aumento de un 30 por ciento en el número de aplicaciones del máximo castigo. La mayoría de las 169 condenas a muerte en Iraq fueron aplicadas siguiendo una estricta ley antiterrorista aprobada en 2005 a instancias de Estados Unidos.

En su informe, Amnistía expresa preocupación por el lenguaje utilizado en la ley, que vagamente condena «actos como provocar, planificar, financiar, cometer o apoyar a otros que cometan terrorismo».

«En Iraq hemos visto que esto empeoró la situación de seguridad. Los ataques armados entre insurgentes van en aumento, y el gobierno quiere usar la pena de muerte como una solución rápida, para mostrar firmeza», afirma Wetzel.

Pero los ataques sectarios han aumentado conforme se incrementaron las ejecuciones, explicó, contradiciendo así el argumento para la aplicación de la pena capital. «Sabemos que la pena de muerte no tiene un efecto disuasivo», señala.

Amnistía no pudo determinar si se realizaron ejecuciones judiciales en Egipto o Siria, aunque la brutal guerra civil en este último país pondría en duda su legalidad.

Egipto anunció esta semana las sentencias a muerte contra 528 supuestos partidarios del derrocado presidente Mohammad Morsi.

Al menos 369 personas fueron ejecutadas en Irán en 2013, aunque Amnistía estima que habría cientos de casos más no reportados oficialmente.

Ese país, donde las ejecuciones son públicas (al igual que en Arabia Saudita, Corea del Norte y Somalia), emplea el morboso espectáculo como herramienta política, señala Mahmood Amiry-Moghaddam, cofundador de la organización Iran Human Rights. «El gobierno iraní utiliza la pena de muerte para sembrar el miedo en la sociedad», nos dice.

«El momento en que se realizaron las ejecuciones en los últimos 10 años fue cuidadosamente coordinado. Por ejemplo, cuando las autoridades temían protestas, o inmediatamente después de que estas se realizaran, el número de ejecuciones aumentaba, pero cuando la comunidad internacional pedía cuentas a Irán, los números eran bastante bajos», señala.

La mayoría de las condenas a muerte en la República Islámica fueron por delitos de drogas, y la mayoría de los sentenciados eran pobres, incluyendo a inmigrantes afganos involucrados en el contrabando de opio y heroína.

Los ahorcamientos públicos en ese país, que habrían sido 59 en 2013 según Iran Human Rights, constituyen también casos de tortura, apunta Amiry-Moghaddam.

Los condenados «son levantados por una grúa y a veces pasan más de 10 minutos antes de que mueran. Es una muerte lenta», dice.

Este año se divulgaron imágenes de uno de esos ahorcamientos, en los que el prisionero clama por su madre, que a su vez grita: «¡Mi pequeño, mi pequeño!», mientras él permanece colgado de la soga.

A comienzos de este mes, el director general de la Oficina de la Organización de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (UNODC), Yuri Fedotov, fue objeto de duras críticas tras haber aplaudido a las autoridades iraníes por sus esfuerzos en el combate al narcotráfico.

Varios países europeos retiraron su financiación de los programas de la UNODC en Irán debido a la aplicación de la pena capital en ese país.

«Irán tiene un papel muy activo en la lucha contra las drogas ilícitas», había dicho Fedotov. «Es muy impresionante».