El Consejo de Europa alerta a los gobiernos de que muchas medidas de austeridad aprobadas están afectando «desproporcionalmente» a jovenes, niños, ancianos y gitanos. El comisario de derechos humanos ha denunciado en Portugal el aumento de niños, en ese país, que dejan la escuela para ir a trabajar. Un riesgo que puede extenderse a otros países del sur de Europa.

Nils Muiznieks, que ha visitado esta semana Portugal, ha dicho que «es esencial que en las actuales estrategias económicas de austeridad, las políticas económicas tengan en cuenta los derechos humanos, sin olvidar a los más vulnerables». Muiznieks ha añadido que «se deben cambiar las políticas si los efectos para los grupos más precarios son desproporcionadas». Aunque ha reconocido que algunas medidas de «urgencia social» tomadas por el gobierno conservador portugués pueden reducir los efectos en estos colectivos.

Portugal, inmerso en la crisis de la deuda, como otros países del sur de Europa, obtuvo hace un año una ayuda de la UE y del FMI de 78 millones de euros. Para poder recibirlo debía aplicar una política de austeridad sin precedentes, que ha llevado al país a una recesión y ha provocado unas altas tasas de paro que alcanza el 15% de la población activa. El comisario de derechos humanos ha definido el contexto de «negligencia» hacia las personas ancianas y los niños y ha pedido al gobierno que «tome medidas para evitar la reaparición de la explotación laboral infantil». Aunque no hay estadísticas en los últimos meses se ha comprobado que muchas famílias sacan a los niños de la escuela para ponerlos a trabajar y aumentar los ingresosfamiliares. Los recortes sociales están afectando principalmente a los gitanos, muchos de los cuales vivien en condiciones de marginalidad.

Elda Moreno, directora del departamento de dignidad humana del Consejo de Europa, ha dicho a eXp que todos los órganos del Consejo de Europa hacen un llamamiento a los estados para que sean muy vigilantes y «nosotros estamos muy atentos, porque una crisis económica se convierte en una crisis social con efectos a muy largo plazo que pueden ser devastadores» en muchos colectivos. El Consejo, añade, sólo puede alertar de la situación de peligro pero las decisiones las debe tomar el gobierno en cuestión. Si hay recortes «deben realizarse en partidas que hagan menos daño».

Moreno alerta sobre otro problema, el aumento de la trata de personas. «Actualmente no hay estudios, ni datos concretos, pero vemos que hay una peligrosa tendencia. Cada vez que hay una época de crisis hay personas que buscan desesperadamente un trabajo y otras que explotan esa necesidad con el fin de conseguir un beneficio económico». Y eso se está dando en Europa en estos momentos, no sólo con adultos sino también con niños. Hay muchas personas sin papeles que están sufriendo esos problemas, esas redes les retiran los pasaportes y les obligan a trabajar en condiciones de esclavitud. En muchos casos incluyen la explotación sexual».

La directora del departamento de dignidad humana del Consejo de Europa, Elda Moreno, defiende que los gobiernos tienen unas obligaciones de respeto de los derechos humanos básicos «y porque cambie la situación económica no se pueden escapar de esas obligaciones y violar los derechos sociales». El Tribunal de Derechos Humanos continuará denunciando a los países si comprueba que una medida o acción gubernamental deja en desamparo a un colectivo.