Un aspecto crucial de las negociaciones del Acuerdo Transatlántico de Comercio e Inversión entre la UE y EE UU (TTIP por sus siglas en inglés) consiste en adaptar la legislación a ambos lados del Atlántico, por medio de la llamada cooperación reguladora. Esta parte de las conversaciones implica el desmantelamiento de las 'barreras reguladoras' existentes y prevenir otras nuevas, al hacer que la legislación en favor del interés público tenga que pasar por largos procedimientos de aprobación, que incluyen el posible veto empresarial por los impactos sobre el comercio.

La preocupación por que el acuerdo comercial derive en ataques contra la protección ambiental, la seguridad en el trabajo, la sanidad pública o la calidad de los alimentos está más que justificada: el informe 'Un peligroso dúo regulador', recientemente traducido al castellano, revela que los mecanismos de cooperación reguladora ya han sido utilizados por los grupos de presión empresarial para retrasar, diluir y evitar la legislación en favor del interés público.

El informe examina los orígenes y efectos de las propuestas del TTIP en materia de cooperación reguladora y muestra que, desde sus comienzos, el proceso ha estado dominado por las grandes empresas. Los ejemplos que resalta el estudio son el debilitamiento de la ambición de la UE sobre la gestión de residuos electrónicos peligrosos, la falta de supervisión de la gigante de los seguros AIG en los años previos a la crisis financiera de 2008, la exención que se ofreció a las empresas estadounidenses en el Acuerdo de Puerto Seguro, que les permitió hacer caso omiso de las normas sobre la protección de datos personales, y propuestas que retrasaron o debilitaron las proposiciones de ley sobre los ensayos con animales, las sustancias que dañan la capa de ozono y las emisiones de la aviación.

El enfoque preferido de la UE –para asegurar leyes son similares en ambos lados del Atlántico– es exactamente el tipo de 'cooperación regulatoria que ya ha dado lugar al debilitamiento de los estándares sociales y ambientales en la UE.

El informe también muestra que, aunque las negociaciones sobre el TTIP se iniciaron oficialmente en 2013, los preparativos para el acuerdo habían comenzado décadas antes, en secreto y con acceso privilegiado para los representantes de las grandes empresas.

Con la cooperación reguladora del TTIP se pretende cubrir todo el espectro de políticas públicas, que abarcan desde la regulación de los productos químicos a las políticas laborales, la protección de datos o la agricultura, lo que convierte al tratado en uno de los objetivos fundamentales de los grupos de presión empresariales.