La Iniciativa Ciudadana Europea es una de las grandes novedades del Tratado de Lisboa, que entró en vigor en diciembre de 2009. Desde entonces, las negociaciones entre los 27 para su concreción se han ido demorando por las exigencias de cada uno de los Estados y las dificultades que supone llevar a cabo con garantías un proceso transnacional con tan gran número de participantes.

La Iniciativa debe partir de siete ciudadanos, que residan en siete países diferentes de la UE, que ya pueden registrar una propuesta para que la Comisión Europea la tenga en cuenta. Los servicios jurídicos de Bruselas analizarán su «interés europeo» y determinarán si entra dentro de las competencias comunitarias y puede ser aceptada. No sé tomarán en cuenta aquellas iniciativas que sean «manifiestamente abusivas, frívolas, ofensivas o contrarias a los valores europeos».

Si es aceptada, los impulsores de la iniciativa tienen un año para recoger un millón de firmas que respalden su propuesta en, al menos, siete países de la UE. Los apoyos tienen que ser certificados por las autoridades nacionales antes de ser entregados a la Comisión Europea. A partir de ahí, Bruselas tiene un plazo de tres meses para decidir su actuación, tras haber escuchado a los proponentes, que también participarán en una audiencia pública en el Parlamento Europeo.

El comisario europeo de Administración, Maros Sefcovic, asegura que «esta medida constituye un refuerzo sin precedentes de la democracia participativa y una potente herramienta en manos de los ciudadanos para determinar la agenda». Sefcovic dice tener mucha curiosidad por saber qué ideas van a presentar los ciudadanos. Ése es precisamente el meollo de la cuestión, porque más allá de que se trata objetivamente de un elemento de participación en la vida política, el burocrático y complicado proceso para llevarlo a cabo ha provocado numerosas críticas.

Por ejemplo, Jack Hunter, portavoz de Greenpeace, considera que a la hora de solicitar los apoyos a una iniciativa «identificar a las personas o pedirles todo tipo de datos nos parece ir demasiado lejos, porque aquí se está hablando de detallar el lugar de nacimiento, nombre completo, dirección completa, número de pasaporte,...»

En el mismo sentido, hay críticos que apuntan que las iniciativas pueden acabar monopolizadas por los grupos de presión y las organizaciones no gubernamentales, en lugar de dar voz a los ciudadanos.

De momento, ya se ha anunciado la presentación de las primeras iniciativas, como la del eurodiputado español del PP, Jaime Mayor Oreja, quien planea registrar esta semana con parlamentarios de otros países de la UE una propuesta en contra del aborto, con el nombre «No nos resignamos. En defensa de los no nacidos».