El régimen de Hamad bin Isa Al Jalifa dice que está combatiendo el terrorismo, al que descaradamente equipara con los activistas reformistas. El régimen acusa a Irán de conspirar y orquestar actos «terroristas» en la isla. Independientemente de que se perciba a Irán como involucrado en el contrabando de armas, es importante contextualizar este último episodio.
Primero, aunque Irán pueda beneficiarse de la continua inestabilidad en Bahrein, desde que este país se independizó en 1971, Teherán no ha participado en ninguna actividad para derribar del poder al sunita Al Jalifa.
Entre 1970 y 1971, el entonces sha de Irán, Mohammad Reza Pahlevi, aceptó el plebiscito especial de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) en Bahrein, que derivó en la independencia del país. Desde su caída en 1979, sucesivos gobiernos iraníes bajo los ayatolás no han cuestionado la independencia de Bahrein.
Además, a lo largo de los años, la mayoría de los chiitas bahreiníes han buscado a otros grandes ayatolás, árabes y no iraníes, como fuentes de inspiración.
El partido político chiita Al Wefaq, al que algunos elementos dentro de la familia del gobernante Al Jalifa han acusado de ser un conducto para Irán, ha apoyado de modo consistente una reforma genuina a través de medios pacíficos.
Los líderes de Al Wefaq, algunos de los cuales han estudiado y vivido en Irán en las últimas décadas, aprobaron la invitación del gobierno a un diálogo con la oposición, así como la iniciativa del príncipe de la corona para la reforma y el diálogo.
La respuesta de Al Jalifa ante la posición pacífica de Al Wefaq ha sido arrestar a sus dos principales líderes, Sheij Ali Salman y Jalil al Marzooq.
Segundo, independientemente de la campaña de relaciones públicas que el régimen de Bahrein libra contra Irán, continúa sus arrestos, juicios arbitrarios y condenas de ciudadanos bahreiníes.
Esto incluye a los médicos y otros proveedores de salud, manifestantes pacíficos jóvenes y viejos, y más recientemente también a atletas. Su único «pecado» es pertenecer a la mayoría chiita en un país gobernado por un régimen de la minoría sunita.
James Dorsey, de la Escuela S. Rajaratnam de Estudios Internacionales de Singapur, detalló en un artículo la gran cantidad de atletas, jugadores y campeones chiitas –de fútbol, balonmano, tenis, jiu-jitsu, gimnasia, vóleibol playa y automovilismo– que han sido arrestados y condenados a prisión prolongada.
Muchos de estos deportistas, que proceden de Diraz y otras aldeas chiitas vecinas, fueron juzgados de modo precipitado y condenados por expresar puntos de vista reformistas.
Tercero, en una entrevista con el periódico kuwaití Al Qabas, el profesor M. Cherif Bassiouni, quien presidió la Comisión Bahreiní Independiente de Investigación, expresó su decepción porque el gobierno no ha puesto en marcha algunas de las recomendaciones clave del informe. Como recordatorio, el rey Hamad había creado la Comisión y recibido y aceptado, formal y públicamente, su informe final.
Nadie dentro del régimen ha sido llevado a la justicia por las acciones ilegales y los delitos detallados en el informe de la Comisión. Según Bassiouni, la inacción del gobierno sobre la recomendación ha planteado serias dudas dentro de «instituciones de la sociedad civil y organizaciones de derechos humanos» sobre el compromiso del régimen para con una reforma genuina.
Cuarto, el régimen bahreiní, como su par saudita, atiza una mortal guerra sectaria en el Golfo y otras partes de la región. A la familia gobernante le preocupa mucho que, si Irán concluye un acuerdo con la comunidad internacional sobre su programa nuclear, Al Jalifa quede marginado como actor en el escenario del Golfo.
Al régimen le preocupa particularmente que, como pequeño estado insular con una minúscula producción petrolera, Bahrein pueda convertirse en un actor marginal de la política regional e internacional.
Le corresponde al régimen de Al Jalifa saber que, si no logra trabajar con su pueblo para crear estabilidad en el país, perderá su posición en Washington y otras capitales de Occidente.
En tanto la mayoría en Bahrein pierde la confianza en el régimen y no sería impensable que Arabia Saudita y otras potencias regionales e internacionales, incluido Estados Unidos, consideren a Al Jalifa un lastre.
La misión clave de la Quinta Flota de Estados Unidos, basada en Bahrein, no es proteger al régimen represor de Al Jalifa. Es funcional a la estabilidad regional, las rutas marítimas estratégicas y otros intereses mundiales de Estados Unidos. Su compromiso con Al Jalifa o con el puerto de Bahrein no es ni crucial ni irrevocable.
Mientras el régimen de Bahrein continúa su campaña contra Irán, debería recordar que, al negarse a comprometerse con la oposición ampliamente pacífica por una reforma significativa, ha creado un entorno favorable al extremismo sunita y al radicalismo antichiita.
La historia reciente de proselitismo religioso intolerante nos enseña que un entorno de ese tipo invariablemente conduce al terrorismo. Este es un fenómeno interno independientemente de si las armas interceptadas proceden de Irán o no. Uno también debería reconocer que la creciente frustración entre los disidentes hará que parte de la juventud se radicalice más y recurra a la violencia.
Si los regímenes están dispuestos a desgarrar sus países a fin de permanecer en el poder, como parece estar haciendo la gobernante familia Al Jalifa, el terrorismo interno será un resultado asegurado.
Actualmente vemos este fenómeno en Siria, Iraq y otras partes. El Estado Islámico de Siria y el Levante no surgió de la nada. El yihadismo sunita radical e intolerante, que Bahrein y Arabia Saudita estuvieron impulsando en Siria, y antes de eso en Iraq, es el germen del terrorismo. Y esto terminará teniendo un precio.
La supervivencia del régimen de Al Jalifa solo será posible si la familia gobernante deja de jugar su juego de apartheid represor y se compromete con su pueblo, con la mirada puesta en compartir el poder en una reforma genuina.
El rey Hamad todavía tiene la oportunidad de implementar las recomendaciones de la Comisión de modo exhaustivo y transparente.
Puede reunir a un grupo de bahreiníes distinguidos, tanto sunitas como chiitas, y encomendarles redactar una nueva Constitución que incluya un parlamento elegido por todos con plenas potestades legislativas y un sistema de controles sobre el Poder Ejecutivo.
Esto debería hacerse pronto, porque al rey y a su familia se les está agotando el tiempo.
