Con la inesperada absolución de los 13 imputados ha finalizado en Argentina el emblemático juicio por el secuestro de María de los Ángeles «Marita» Verón, la joven que en 2002 cayó en manos de una red de explotación sexual y que aún permanece desaparecida. El fallo ha causado indignación general.

Tras una serie de retrasos de horario, el Tribunal de la Sala II de la Cámara en lo Penal de la provincia de Tucumán leyó el veredicto y, consciente de la polémica que desataría, adelantó parte de los fundamentos de su decisión, que deberá presentar el 18 de este mes.

Los jueces consideran que la acusación «no ha probado la existencia del secuestro», que se apoyó «sólo en versiones», y aseguraron que tampoco hallaron «la certidumbre necesaria» para condenar a los imputados por promoción de la prostitución.

Susana Trimarco, la madre de la joven desaparecida, anunció que pedirá el juicio político de los tres magistrados de la Cámara, a los que acusó de recibir sobornos. «No vamos a parar hasta que estos delincuentes sean destituidos de sus cargos», declaró poco después de conocido el fallo aludiendo al tribunal.

Trimarco reconocida

La presidenta de Argentina, Cristina Fernández, le entregó a Susana Trimarco el premio Azucena Villaflor a los Derechos Humanos, por su la lucha contra la trata de personas, la búsqueda de su hija y el rescate de tantas otras jóvenes.

Trimarco recibió el domingo 9 de diciembre, el galardón que lleva el nombre de la fundadora de la Asociación Madres de Plaza de Mayo, desaparecida en 1977, durante el masivo acto realizado en Buenos Aires en celebración de los 29 años de recuperación de la democracia en Argentina y como anticipo del Día Internacional de los Derechos Humanos, que se conmemora cada 10 de diciembre.

También el Departamento de Estado (cancillería) de Estados Unidos había reconocido su labor humanitaria en 2007, con el premio «Mujeres de Coraje».

El juicio oral y público había comenzado sus audiencias el 8 de febrero en Tucumán, donde se produjo el secuestro. En ese tiempo desfilaron ante los jueces más de 100 testigos, entre ellos al menos 10 mujeres rescatadas de redes de trata de personas, que aseguraron haber visto y hablado en prostíbulos de la cercana provincia de La Rioja con la joven raptada cuando tenía 23 años.

La expectativa de Trimarco era que se condenara a todos los imputados para que continuara la investigación que permitiese dar con el paradero de su hija. La fiscalía había solicitado entre 12 y 26 años de prisión para los acusados. Por eso el dictamen causó conmoción en la sala de audiencias.

Los imputados lloraban de felicidad y se abrazaban entre aliviados e incrédulos. En tanto, la madre de la víctima abandonó la sala antes de que se leyera un resumen de los argumentos que llevaron a declarar «el estado de inocencia» de todos aquellos que estaban sentados en el banquillo desde febrero.

«Este fallo es una clara muestra de la complicidad del Poder Judicial en torno a la trata, dijo Fabiana Túñez, directora de La Casa del Encuentro, una organización no gubernamental dedicada a los temas de género y violencia que ha recogido testimonios y pruebas de unos 700 casos de niñas, adolescentes y mujeres víctimas de redes de secuestro y explotación sexual en Argentina.

«Es una sentencia que convalida la impunidad. Como ocurre casi siempre con los casos de violencia de género, la justicia no les cree a las víctimas, a esas mujeres rescatadas, por eso ahora vamos a convocar a una marcha para exigir que sean debidamente protegidas», añadió.

Túñez se refirió así a las mujeres que, habiendo sido sometidas a explotación sexual, fueron rescatadas y dieron su testimonio en contra de los acusados en este juicio. Según Trimarco, esas muchachas están ahora desoladas y con miedo.

Secuestro, justicia, frustración

Marita Verón había salido de su casa el 3 de abril de 2002 para ir al médico ginecólogo y nunca regresó. Lo poco que se supo luego es que fue secuestrada, violada, forzada a drogarse y a ejercer la prostitución en La Rioja, que la habían obligado a cambiar su aspecto físico y que tuvo un hijo con uno de sus captores.

Tres días después de su desaparición, una llamada anónima reveló que la joven fue vista cuando era introducida a golpes por dos individuos en un vehículo de la empresa de vehículos de alquiler «Cinco estrellas». De ahí que entre los imputados que quedaron absueltos estaba el conductor de esa unidad, acusado de ser parte de la red de trata.

La joven tiene una hija llamada Micaela, que en ese entonces tenía tres años y que había quedado al cuidado de su abuela el día de la desaparición de su progenitora.

El Estado presente

Entre las políticas públicas efectivas contra el secuestro y explotación sexual de mujeres está la creación en 2008 de la Oficina de Rescate y Acompañamiento a las Personas Damnificadas por el Delito de Trata, que permitió la realización de 1.819 allanamientos y el rescate de 3.875 víctimas, destacó la activista Fabiana Túñez.

La Oficina depende del Ministerio de Justicia y brinda acompañamiento a las mujeres rescatadas, además de ofrecer capacitación a funcionarios judiciales y policiales a fin de que estén alertas sobre este delito.

Túñez celebró además la decisión de algunas provincias y municipios de clausurar prostíbulos y la firma de un decreto presidencial en 2011 que prohíbe la publicación de avisos que publicitan el comercio sexual.

El gobierno de Fernández respaldó a La Casa del Encuentro y la Fundación María de los Ángeles para posibilitar la capacitación de conductores de camiones, con el fin de sensibilizarlos en el tema de la trata y animarlos a denunciar los casos de mujeres que son trasladadas de una provincia a otra o llevadas a países vecinos.

Daniel Verón, la buscó incansablemente los primeros años pero, según su esposa, «murió de pena» ante la imposibilidad de hallarla.

Con el tiempo, Trimarco adquirió un creciente protagonismo social. Su activismo y el caso de su hija fue contada en una exitosa telenovela y en un filme documental.

La larga marcha en busca de su hija fue coronada por Trimarco al lograr llevar ante la justicia a seis mujeres y siete hombres, pero todos se declararon inocentes y ninguno dijo dónde está la muchacha.

Los 13 detenidos estaban acusados de «privación ilegítima de la libertad y promoción de la prostitución». No se le había podido aplicar el delito de trata de personas porque la ley correspondiente fue sancionada en 2008, seis años después del secuestro de Verón, precisamente a instancias del activismo de Trimarco, quien bregó por esa penalización.

También creó la Fundación María de los Ángeles, que se dedica a la búsqueda de jóvenes víctimas de trata, a la prevención, y al acompañamiento de víctimas rescatadas.

Trimarco consiguió dar visibilidad social y política al tema de la trata. Denunció la complicidad de funcionarios políticos, judiciales y policiales involucrados en las redes y contribuyó ella misma, disfrazada, ocultando su identidad, al rescate de por lo menos 129 jóvenes captadas por estas redes.

Su angustia la llevó incluso a España, siguiendo el rastro de Marita, cuando una muchacha rescatada dijo haber escuchado a uno de sus captores decir que había sido enviada allí. En Madrid, la Policía Inía Internacional (Interpol) hizo dos allanamientos que permitieron recuperar a decenas de jóvenes latinoamericanas, contó Trimarco, pero no a su hija.

Contradicciones

El caso Verón permitió avanzar en diversas medidas y políticas de Estado para la erradicación de la trata, aunque desde el punto de vista legislativo hubo un «retroceso» y este fallo constituye otra marcha atrás, apuntó la activista Túñez.

La norma sancionada en 2008 no contó con el respaldo de las organizaciones de mujeres, porque diferencia a las víctimas entre menores y mayores de 18 años, a las que les exige que demuestren no haber prestado su consentimiento para ejercer la prostitución.

«Esto es una barbaridad, para nosotras todas son víctimas, grandes y chicas», sostuvo Túñez. Por eso es que se había elaborado un nuevo proyecto de ley, esta vez sí con respaldo de todas las entidades de mujeres. Pero la iniciativa no fue tratada y perdió estado parlamentario este mes.

Aún así, Túñez destacó que en materia de políticas públicas se avanzó en el rescate de víctimas, un hecho que juzgó «muy importante». Se crearon departamentos específicos contra la trata en las provincias y se generó «una mayor conciencia» sobre la gravedad de este delito, remarcó.

Sin embargo, aún sigue habiendo niñas, adolescentes y mujeres captadas bajo engaño, sobre todo en las provincias del norte del país, a fines de forzarlas a incorporarse a las redes de explotación sexual que ofrecen esos servicios en locales habilitados como whiskerías o bares.

En septiembre se conoció el caso de dos adolescentes de 14 y 16 años en la norteña provincia de Jujuy, que desaparecieron luego de salir de la escuela, con lo puesto, sin dinero ni documentos. Se sospecha que pudieron haber sido víctimas de una red de trata. Las familias aún las buscan.

«Si en un caso emblemático como era el de Marita Verón se da este fallo, ¿que nos espera para todos los demás que están pendientes?», se pregunta con angustia la activista.