El presidente del ejecutivo europeo, José Manuel Durao Barroso, ha incluido la llamada tasa Tobin europea entre sus prioridades para este curso político. Sería un gravamen al flujo de capitales que daría recursos propios a la UE, como pide el Parlamento Europeo, de cara al nuevo marco financiero plurianual 2013-2020.

La posibilidad de que el nuevo impuesto reste actividad económica en la UE, como argumenta el Banco Central Europeo, obliga a que la propuesta quiera enmarcarse en las decisiones del G20, que se reúne en Cannes el 3 y 4 de noviembre.

En cualquier caso, queda por resolver cuestiones clave. Si el impuesto es para los 27 socios de la UE, la unanimidad no es fácil; si es para la zona euro exclusivamente, quedaría fuera Londres, la primera plaza financiera del mundo.

El ministro francés de Economía, François Baroin, en una entrevista a Journal de Dimanche, aseguraba que no hay una posición fijada definitivamente. No se ha concretado si sería la Comisión Europea quien administre los ingresos recibidos o los propios Estados de la UE. Tampoco sobre el porcentaje que supondrá el nuevo impuesto, aunque fuentes de Bruselas adelantan que sería una tasa muy baja y con base imponible muy amplia.

El gobierno español respalda la idea y ya el año pasado el presidente del gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero, la defendió en la ONU junto al presidente francés, Nicolas Sarkozy. Sin embargo, la vicepresidenta económica Elena Salgado, se mostró escéptica y declaró que es una buena idea, pero complicada de llevar a la práctica.