Ayer, el gobierno presentó los presupuestos estatales de 2013, que incluyen «una etapa final de estudio» para privatizar la RTP. Según el informe incluido en esa proposición presupuestaria ya presentada al parlamento, la financiación de la televisión pública sufriría unos recortes del 42,2 por ciento en la RTP y de un 30,9 por ciento en la agencia de noticias LUSA.

La RTP es un grupo formado por ocho canales de televisión (RTP 1, RTP 2, RTP Internacional, RTP África, Informaçao RTP, RTP Madeira, RTP Açores, RTP Memória) y 8 emisoras de radio (Antena1, Antena2, Antena3, Internacional RDP, RDP África, Antena1 Açores, Madeira Antena1, Antena3 Madeira), cada una de ellas con sus propios programas dirigidos a públicos distintos. La RTP tiene también varias emisoras de radios y televisión en diversas plataformas de noticias.

Los periodistas del Sindicato dos Jornalistas, afiliado a la FIP y a la FEP, denunciaron en un comunicado la «información demagógica, la manipulación de cifras y datos falsos» utilizados para «desmantelar el servicio público de televisión». Amplios sectores de la opinión pública portuguesa, han descrito como «una burla» el nombramiento del nuevo director de la empresa cervecera Heineken como nuevo presidente de la RTP.

El Sindicato dos Jornalistas estima que «parte de los servicios de radio y televisión podrían dejar de cubrir todo el territorio de Portugal o no llegar a las comunidades de residentes en el exterior, dejando de lado las necesidades informativas, culturales y educativas de esos ciudadanos y, desde luego, no respetando su enorme diversidad», según el presidente del SJ, Alfredo Maia.

Fuentes gubernamentales afirman que no hay una decisión tomada, pero sugieren varias posibilidades que van del ofrecimiento de la gestión de RTP1 (principal canal de noticias) a un grupo privado, hasta la privatización del segundo canal público RTP2 o incluso su cierre.

«Portugal es un miembro de la Unión Europea que continúa defendiendo la necesidad de una información plural para sus ciudadanos a través de servicios públicos audiovisuales. Apoyamos a nuestro afiliado, el SJ, que hace campaña con otros sindicatos contra esa presión acelerada para privatizar la RTP», ha declarado el presidente de la FIP, Jim Boumelha.

El SJ apoya a la plataforma ciudadana, organizada por intelectuales y figuras conocidas de la sociedad portuguesa, llamada Em defesa do serviço público de radio e televisão. El 14 de septiembre, el SJ y otros sindicatos, entregaron una carta al presidente de Portugal, Aníbal Cavaco Silva, que le recuerda los artículos de la constitución portuguesa que establece un servicio público de televisión considerado vital en todas las democracias europeas.

Algunos de los argumentos que se están utilizando sobre la difícil situación financiera de la RTP son «simples mentiras», afirman destacados defensores del servicio audiovisual público. El SJ es muy claro sobre ese hecho: los ciudadanos están siendo «intoxicados» con argumentos falsos procedentes de diversos cargos gubernamentales. «Nuestros colegas portugueses, que han organizado manifestaciones y vigilias en defensa de la RTP, pueden contar con nuestra solidaridad, de la FIP y de la FEP», ha dicho el presidente Arne König: «Tienen todo nuestro apoyo.

También en sus campañas y acciones en defensa de la agencia LUSA y del periódico Público, donde se prevén muchos despidos en las próximas semanas. En estos tiempos de presiones fuertes y de austeridad impuestas a los sistemas democráticos, creemos que estos recortes son erróneos porque contribuyen a reducir las herramientas de diálogo social».

La FEP y la FIP siguen atentamente el debate sobre la RTP y han expresado su preocupación por el número de empleos que pueden perderse y por la amenaza al pluralismo que representaría la continuidad de los planes gubernamentales de privatización de la RTP.

«Pedimos a los miembros del parlamento portugués que asuman su responsabilidad en defensa del periodismo como bien público y que rechacen ese plan de privatización antes de su adopción en los presupuestos estatales, prevista el 31 de octubre y con voto final previsto en el parlamento el 27 de noviembre», añadió König.