Amnistía recuerda a las autoridades españolas que las expulsiones sumarias y colectivas, como las que se están produciendo en Melilla, «están prohibidas por tratados internacionales como el Protocolo IV del Convenio Europeo de Derechos Humanos. También incumplen la legislación española de extranjería, al privar a las personas migrantes de un proceso con garantías, que permita identificar de manera individualizada si estas personas necesitan protección internacional».

Esteban Beltrán, director de Amnistía Internacional España señala que «lamentamos que las autoridades sigan primando la protección de las fronteras por encima de la protección de las personas. Y recordamos que no es válida la argumentación de las autoridades españolas, que señalan que el espacio entre la doble valla no es territorio español y por tanto no es necesario aplicar la legislación española, para justificar este tipo de expulsiones». Además de Amnistía Internacional, otras organizaciones y el Defensor del Pueblo también lo han reconocido así.

Por otro lado, Amnistía Internacional denuncia como en los últimos días han llegado a las costas españolas centenares de personas, entre las que podría haber personas con necesidad de protección internacional, al proceder de países en conflicto, con grave inestabilidad política, o donde se producen graves violaciones de derechos humanos como República Centroafricana, Sudán del Sur, Chad, República Democráctica del Congo, Mali, Camerún o Nigeria.

La mayor parte de estas personas han sido alojadas provisionalmente en dos polideportivos de Tarifa. Y aunque están recibiendo asistencia humanitaria, «no reciben información sobre sus derechos, no cuentan con traductores o asesoramiento legal desde el primer momento que les pueda aclarar cuál es su situación, no existen mecanismos adecuados para identificar a solicitantes de asilo, y tampoco se ha facilitado el acceso de organizaciones especializadas a las instalaciones que puedan hacerlo».

Amnistía Internacional pide a las autoridades españolas que: terminen con las prácticas de expulsiones ilegales y apliquen la legislación de la ley de extranjería y las normas internacionales, también en el espacio entre las dos vallas. Insiste en que «el gobierno debe rendir cuentas ante las violaciones de derechos humanos que se están cometiendo en nuestras fronteras.» También pide que se garantice el derecho de asilo, «estableciendo mecanismos adecuados que permitan identificar a personas con necesidades de protección internacional, asegurando la presencia de traductores, y facilitando el acceso de las organizaciones especializadas que puedan informarles de cuáles son sus derechos». NdP AI