Tras una verificación independiente de la información basada en múltiples entrevistas mantenidas con fuentes dignas de crédito, la organización ha revelado que las fuerzas de seguridad nigerianas recibieron, con más de cuatro horas de antelación, un aviso sobre el ataque, pero no hicieron lo suficiente para impedirlo.

«El hecho de que las fuerzas de seguridad nigerianas tuvieran conocimiento del asalto inminente de Boko Haram pero no emprendieran las acciones inmediatas necesarias para impedirlo no hace más que intensificar la indignación nacional e internacional por este atroz crimen», ha manifestado Netsanet Belay, director de Investigación y Relaciones Institucionales para África, de Amnistía Internacional.

«Este hecho constituye un grave incumplimiento del deber de Nigeria de proteger a la población civil, que está indefensa ante estos ataques. Las autoridades nigerianas deben utilizar ahora todos los medios a su alcance para garantizar que las niñas son liberadas sanas y salvas y que estos sucesos no se pueden repetir.»

Amnistía Internacional ha confirmado, a través de diversas fuentes, que la comandancia del ejército nigeriano en Maiduguri tuvo noticia del ataque inminente poco después de las siete de la tarde del 14 de abril, casi cuatro horas antes de que Boko Haram lanzara su asalto contra la localidad.

Sin embargo, la incapacidad de reunir tropas –por la escasez de recursos y por el presunto miedo de enfrentarse a unos grupos armados que, con frecuencia, están mejor equipados– hizo que no se desplegaran refuerzos en Chibok aquella noche. El pequeño contingente de las fuerzas de seguridad que tienen su base en la localidad –17 militares y algunos policías locales– trató de repeler el ataque de Boko Haram, pero se vio superado y tuvo que retirarse. Según la información recibida un soldado murió.

Más de tres semanas después, la mayoría de las niñas permanecen cautivas en un lugar desconocido. La atmósfera de confusión y sospechas ha hecho fracasar hasta el momento los esfuerzos para conseguir su liberación. Amnistía Internacional reitera su llamamiento a Boko Haram para que libere de manera inmediata e incondicional, y sanas y salvas, a las rehenes, y para que cese todos los ataques contra civiles.

«El secuestro y el cautiverio de estas estudiantes son crímenes de guerra, y los responsables deben comparecer ante la justicia. Además, los ataques contra escuelas violan el derecho a la educación, y deben cesar de inmediato», ha manifestado Netsanet Belay.

Advertencias ignoradas

Entre las siete de la tarde del 14 de abril y las dos de la madrugada del 15 de abril, los mandos militares de Damboa, a 36,5 km de Chibok, y de Maiduguri, a 130 km de Chibok, recibieron varias alertas tanto de las fuerzas de seguridad como de las autoridades locales sobre la amenaza.

Según fuentes entrevistadas por Amnistía Internacional, las patrullas locales de defensa civil (conocidas como «vigilantes» y establecidas por el ejército y las autoridades locales) de Gagilam, un pueblo vecino, fueron de las primeras en dar la alarma al atardecer del 14 de abril, cuando un gran grupo de hombres no identificados entraron en su pueblo montados en motocicletas y dijeron que se dirigían a Chibok. Aquello dio lugar a una rápida cadena de llamadas telefónicas para alertar a las autoridades, incluidos el gobernador del estado de Borno y altos mandos militares con base en Maiduguri.

Una autoridad local con la que se pusieron en contacto los residentes de Gagilam dijo a Amnistía Internacional: «Hacia las diez de la noche del 14 de abril, llamé a [varios] miembros de las fuerzas de seguridad para notificarles la información que había recibido de los vigilantes del pueblo de Gagilam. Nos habían dijo que unos forasteros habían llegado esa tarde a su pueblo montados en motocicletas y habían dicho que se dirigían a Chibok. Hice varias llamadas más, incluido a Maiduguri. Me prometieron que venían refuerzos de camino.»

Otra autoridad local recibió el aviso de unos pastores que decían que unos hombres armados les habían preguntado en qué lugar de Chibok estaba el instituto público femenino de enseñanza secundaria.

Hacia las doce menos cuarto de la noche, según se ha informado, un convoy compuesto por hasta 200 combatientes armados de Boko Haram, a bordo de motocicletas y camiones, llegó a Chibok e inició un tiroteo con un número reducido de policías y soldados que tenían allí su base. Superados en número y en fuerza, los policías y soldados terminaron huyendo en la madrugada del 15 de abril. Algunos de los combatientes de Boko Haram se dirigieron al instituto público femenino y secuestraron a más de 240 estudiantes.

Dos altos mandos de las fuerzas armadas nigerianas confirmaron que el ejército tenía conocimiento del ataque planeado incluso antes de que se recibieran las llamadas de las autoridades locales. Un oficial dijo que el oficial al mando no pudo movilizar refuerzos. Describió a Amnistía Internacional las dificultades a las que se enfrentan los soldados que sirven en primera línea en el noreste de Nigeria: «Los oficiales y los soldados con base en los puntos conflictivos llevan una enorme carga de frustración, agotamiento y fatiga [...] muchos soldados tienen miedo de volver a los frentes de batalla.» Los intentos de Amnistía Internacional por obtener una respuesta de la comandancia militar de Abuya no han dado resultado.

Desde el asalto del 14 de abril, la atmósfera de confusión y sospecha parece haber ralentizado los esfuerzos de las autoridades nigerianas por encontrar y liberar a las estudiantes secuestradas. El 16 de abril, un alto portavoz del Ministerio de Defensa declaró que casi todas las niñas secuestradas habían sido rescatadas y que sólo faltaban ocho. Al día siguiente tuvo que retractarse de esas palabras.

«La atmósfera de sospechas y falta de transparencia respecto a los esfuerzos en torno al rescate no ha sido de ayuda. Todas las autoridades deben trabajar juntas para conseguir que las niñas vuelvan a casa sanas y salvas, y hay que tomar medidas adicionales para proteger a la población civil en el futuro», ha manifestado Netsanet Belay.

Amnistía Internacional pide al gobierno nigeriano que informe adecuadamente a las familias de las niñas secuestradas sobre los esfuerzos que están realizando las autoridades para conseguir que sean liberadas sanas y salvas. Las familias –y las niñas, una vez liberadas– deben recibir asistencia médica y psicológica adecuada.

La información sobre las advertencias previas al ataque inminente de Boko Haram contra Chibok procede de múltiples fuentes –incluidas autoridades locales y dos altos mandos del ejército– entrevistadas por Amnistía Internacional. Las fuentes verificaron de forma independiente una lista de autoridades nigerianas que fueron alertadas sobre los sucesos del 14 y 15 de abril tanto antes del ataque al instituto público femenino como en su transcurso. Estas fuentes prefieren permanecer en el anonimato, por motivos de seguridad.

El secuestro de las estudiantes de Chibok se ha producido tras meses de una violencia cada vez más intensa y de graves abusos y violaciones de derechos humanos cometidos tanto por grupos armados islamistas como por fuerzas gubernamentales nigerianas en el conflicto del noreste de Nigeria.

La investigación llevada a cabo por Amnistía Internacional indica que al menos 2.000 personas han muerto en el conflicto de Nigeria únicamente este año. En otro incidente que tuvo lugar el 5 de mayo, al menos ocho niñas fueron secuestradas por hombres armados en las comunidades de Warabe y Wala, en el noreste de Nigeria. En los últimos dos años ha habido secuestros similares en menor escala, principalmente de mujeres y niñas.

También el 5 de mayo, más de 200 personas murieron en Gamboru, Ngala, estado de Borno, cuando un grupo armado que viajaba en dos vehículos blindados abrió fuego contra un mercado a plena luz del día. El ataque comenzó hacia la una y media de la tarde y duró varias horas, y el grupo armado prendió fuego a puestos del mercado, vehículos y casas y comercios cercanos.

Pese a esos ataques constantes, las autoridades nigerianas no han investigado adecuadamente los homicidios y secuestros, no han llevado a los presuntos autores ante la justicia y no han tomado medidas para impedir nuevos ataques.

Al mismo tiempo, el gobierno sigue deteniendo ilegalmente y poniendo bajo custodia militar a cientos de personas sospechosas de mantener vínculos con Boko Haram, y les niega el acceso a abogados. La mayoría de esas personas detenidas en todo el país permanecen recluidas sin que se les imputen cargos penales, y muchas han sido ejecutadas extrajudicialmente por las fuerzas de seguridad antes de ser juzgadas. NdP AI.