En México el gobierno alega que la tortura es la excepción y no la norma, pero en realidad, según estan ONG, los abusos a manos de la policía y las fuerzas de seguridad están generalizados y quedan impunes. Miriam López Vargas, de 31 años y madre de cuatro hijos, fue secuestrada de su ciudad natal de Ensenada por unos soldados vestidos de civil que la llevaron a un cuartel militar. Estuvo recluida allí una semana, durante la cual la violaron tres veces, la asfixiaron y la electrocutaron para obligarle a confesar su implicación en delitos relacionados con las drogas. Han pasado tres años, pero ninguno de sus torturadores ha respondido de sus actos ante la justicia.
Para Amnistía Internacional este caso muestra que «la tortura no sólo está viva y goza de buena salud: florece en muchas partes del mundo. El aumento del número de gobiernos que tratan de justificarla con el pretexto de la seguridad nacional erosionando los constantes avances logrados en este terreno en los últimos treinta años.»
Desde 1984, 155 Estados han ratificado la Convención contra la Tortura de la ONU, de los que Amnistía Internacional (AI) investiga a 142. En lo que va de 2014, la organización ha observado que al menos 79 de ellos (más de la mitad de los Estados parte de la Convención que investiga Amnistía Internacional) siguen torturando. Otros 40 Estados miembros de la ONU no han adoptado la Convención, aunque la prohibición legal mundial de la tortura les obliga a hacerlo.
En los últimos cinco años, Amnistía Internacional ha denunciado torturas y otras formas de malos tratos en al menos 141 países de todas las regiones del mundo: prácticamente en todos los países sobre los que trabaja. El carácter secreto de esta práctica hace que el número real de países donde es probable que se cometan torturas sea aún mayor. En algunos de estos países es habitual y sistemática. En otros, sólo se han documentado casos aislados y excepcionales, aunque considera que incluso un solo caso de tortura o malos tratos es totalmente inaceptable.
La campaña Stop Tortura se inicia con la publicación del documento «30 años de promesas incumplidas» que ofrece una perspectiva general del uso del malostrato en el mundo actual. El estudio detalla diversas técnicas —desde las posturas en tensión y la privación de sueño hasta la electrocución de los genitales— que se emplean contra presuntos delincuentes, detenidos por motivos de seguridad, voces disidentes, rivales políticos y otros.
Como parte de la campaña, Amnistía Internacional ha realizado una encuesta para evaluar las actitudes hacia la tortura en el mundo. Resulta alarmante que, según los datos obtenidos, casi la mitad (el 44%) de las personas encuestadas —de 21 países de todos los continentes— temen la posibilidad de ser torturadas si son detenidas en su país. La inmensa mayoría (el 82%) cree que deberían existir unas leyes claras contra la tortura. Sin embargo, más de un tercio (el 36%) seguía pensando que la tortura podía justificarse en ciertas circunstancias.
«Los resultados de esta nueva encuesta global son sorprendentes, pues casi la mitad de las personas encuestadas tienen miedo y se sienten personalmente vulnerables a la tortura. La inmensa mayoría de la gente cree que deberían existir unas normas claras contra su utilización, aunque más de un tercio sigue pensando que la tortura podría justificarse en ciertas ocasiones. En conjunto, se puede ver un amplio apoyo global de la opinión pública a que se actúe para prevenirla», afirma Caroline Holme, directora de la empresa encargada del estudio, GlobeScan.
Medidas como la penalización de la tortura en la legislación nacional, la apertura de los centros de detención a observadores independientes, y la grabación en vídeo de los interrogatorios han llevado a una disminución del uso de la tortura en los países que se toman en serio sus compromisos contraídos en virtud de la Convención contra la Tortura.
Amnistía Internacional pide a los gobiernos que implanten mecanismos de protección para prevenir y castigar la tortura, como exámenes médicos adecuados, el acceso rápido a los abogados, controles independientes de los centros de detención, investigaciones independientes y efectivas de las denuncias de tortura, el enjuiciamiento de los presuntos autores y una reparación adecuada a las víctimas.
La lucha global contra esta prácitca continúa, aunque ahora se centrará en cinco países donde está generalizada y donde la organización cree que puede lograr un impacto significativo. La espina dorsal de la campaña estará formada por informes de fondo con recomendaciones concretas.
Además de México, Filipinas es otro de los países en los que se va a actuar, porque se considera que la justicia está fuera del alcance de la mayoría de los supervivientes de la tortura. Hace poco se descubrió un centro de detención secreta donde la policía maltrataba a los detenidos «por diversión». Según los informes, los policías hacían girar una «rueda de la tortura» para decidir cómo torturaban a los detenidos. Las informaciones de los medios de comunicación desembocaron en una investigación interna y algunos agentes fueron cesados, pero Amnistía Internacional pide una investigación exhaustiva e imparcial que haga que los policías implicados sean juzgados por los tribunales. Un gran número de los actos de tortura cometidos por la policía siguen sin denunciarse y los supervivientes de la tortura continúan sufriendo en silencio.
En Marruecos y Sáhara Occidental, las autoridades rara vez investigan las denuncias de tortura. Las autoridades españolas extraditaron a Ali Aarrass a Marruecos a pesar de la posibilidad de que fuera torturado. Fue recogido por unos funcionarios de los servicios de inteligencia que lo llevaron a un centro secreto de detención, donde Aarrass dice que le aplicaron descargas eléctricas en los testículos, le golpearon en las plantas de los pies y lo tuvieron horas colgado de las muñecas. Según Aarrass, los policías lo obligaron a confesar que ayudaba a un grupo terrorista. Fue declarado culpable y condenado a 12 años de cárcel basándose en esa «confesión». Sus denuncias de tortura nunca se han investigado.
En Nigeria, la policía y el ejército usan la tortura de forma habitual. Cuando Moses Akatugba fue detenido por los soldados tenía 16 años. Según su testimonio, lo golpearon y le dispararon en la mano. Luego fue entregado a la policía, que lo colgó de las extremidades durante horas en una comisaría. Moses dice que lo torturaron para que firmara una «confesión» en la que reconocía haber participado en un robo. La denuncia de que había confesado como consecuencia de la tortura nunca se investigó exhaustivamente. En noviembre de 2013, después de ocho años esperando sentencia, Moses fue condenado a muerte.
En Uzbekistán, está generalizada pero pocos torturadores responden alguna vez de sus actos ante la justicia. El país está cerrado para Amnistía Internacional. Dilorom Abdukadirova estuvo cinco años en el exilio después de que las fuerzas de seguridad abrieran fuego en una protesta a la que asistió. A su regreso a Uzbekistán, la detuvieron, le prohibieron ver a su familia y la acusaron de intentar derrocar al gobierno. Durante su juicio, tenía un aspecto demacrado y hematomas en la cara. Su familia está convencida de que la habían torturado.
A partir de hoy, Amnistía Internacional lanza tres ciberacciones a través de su plataforma actuaconamnistia.org por los casos de Claudia Medina (México), Ali Aarrass (Marruecos) y Moses Akatugba (Nigeria) dirigidas a sus respectivos Gobiernos.
«Hace treinta años, esta ONG encabezó la campaña a favor de un compromiso mundial para combatir la tortura a raíz de la Convención contra la Tortura de la ONU. Se han hecho muchos avances desde entonces, pero resulta descorazonador que hoy sigamos necesitando una campaña mundial para garantizar que esas promesas se cumplen», concluye Salil Shetty.
La tortura en España: impunidad y negación por parte de las autoridades
Desde que España ratificó en 1987 la Convención contra la Tortura, Amnistía Internacional ha seguido recibiendo denuncias sobre casos de tortura y malos tratos por parte de los cuerpos y fuerzas de seguridad. «Las autoridades españolas no se toman en serio la gravedad de la tortura. Siguen sin reconocer que se trata de un problema persistente y se niegan a considerarla como crimen de derecho internacional. Mientras tanto, las víctimas siguen desprotegidas» ha declarado Eva Suárez-Llanos, directora adjunta de Amnistía Internacional en España.
En las últimas reformas del Código Penal, los sucesivos gobiernos no han tipificado correctamente la tortura adecuando su definición a lo que marca la Convención, por ejemplo, incluyendo la violación sexual bajo custodia como forma de tortura.
El Gobierno acaba de restringir por Ley el ejercicio de la jurisdicción universal en España hasta el punto de hacerlo casi inaplicable. La tortura es uno de los crímenes de derecho internacional que los jueces españoles apenas podrán perseguir en nuestro territorio. Los sucesivos gobiernos no han establecido de manera suficiente las medidas y mecanismos necesarios para prevenir la tortura bajo custodia de los cuerpos y fuerzas de seguridad (como, por ejemplo, la introducción de videocámaras en todos los lugares donde las personas están detenidas), ni para investigarla de manera exhaustiva, independiente e imparcial cuando ocurre. Cuando las investigaciones llegan a producirse, muchos casos terminan en impunidad, al no poder identificarse a los responsables.
Recientemente, Amnistía Internacional ha denunciado abusos policiales que pueden constituir torturas y malos tratos (y falta de rendición de cuentas por esos abusos) en el contexto de manifestaciones celebradas contra las medidas de austeridad impulsadas por el gobierno.
España extradita a personas a países donde existe el peligro de que sean torturadas, como en el caso del marroquí Ali Aarrass. El kazajo Aleksandr Pavlov, encarcelado en España y reclamado por su país, está en peligro inminente de sufrir el mismo destino, si no prospera el recurso sobre su solicitud de asilo presentado en la Audiencia Nacional. Su extradición ya ha sido aprobada por el Consejo de Ministros.
Amnistía critica que sin embargo, hace pocas semanas, la Audiencia Nacional sí ha negado la extradición del exinspector de policía, Juan Antonio González, Billy el Niño, y el excapitán de la Guardia Civil Jesús Muñecas, reclamados por la justicia argentina por su presunta implicación en casos de tortura durante el franquismo, alegando que los delitos ya han «prescrito». Las normas internacionales indican claramente que los delitos de tortura son imprescriptibles.
