Un ejemplo es la vincapervinca de Madagascar que durante siglos se ha utilizado en la medicina tradicional y ahora los laboratorios descubren que se puede convertir en un medicamento para tratar la leucemia. Cada vez son más las plantas con propiedades medicinales que se utilizan en nuevos fármacos, pero a los pueblos que conocían sus propiedades y las han utilizado tradicionalmente apenas si les llega algún beneficio.

Las grandes compañías farmacéuticas, patentan los componentes y el procedimiento, es decir patentan los recursos genéticos de los pueblos autóctonos y su saber ancestral y los comercializan sin la autorización del país de origen. Muchas veces ni siquiera pueden utilizar esos remedios que se han convertido en caros medicamentos.

La resolución que han aprobado los eurodiputados dice que esa forma de actuar va en contra de los objetivos de desarrollo de la UE. El texto precisa que el 90 por ciento del patrimonio biológico mundial se encuentra en los países en desarrollo «mientras que la mayor parte de las patentes las tienen los países desarrollados». La encargada de hacer el informe, Catherine Grèze, del grupo de Los Verdes, dice en el documento que las normas sobre el tema están mal concebidas.

Eso permite a las empresas burlar la legalidad. «La Unión Europea debe velar para que los beneficios se compartan de una manera equitativa, de conformidad con sus compromisos con la lucha contra la pobreza».

Existen acuerdos internacionales pero no se han establecido mecanismos para que se apliquen correctamente. Los eurodiputados afirman que las leyes sobre la propiedad intelectual pueden tener un efecto perverso cuando los conocimientos tradicionales solo se evalúan desde un punto de vista mercantil.

Para prevenir la biopiratería, los diputados piden que se establezcan unas condiciones a la hora de conceder patentes: divulgar el origen de los recursos genéticos y de los saberes tradicionales que se han utilizado para el producto, aportar el certificado de consentimiento de las autoridades del país y compartir de una manera justa y equitativa los beneficios.

Para que esas normas se apliquen la UE debería ayudar a los países en desarrollo a poner en funcionamiento mecanismos jurídicos e institucionales y colaborar para que se conozcan todos los vericuetos de las patentes.