El vicepresidente y comisario responsable de Competencia mantiene que las ayudas de las que se benefició el sector naval español entre 2005 y 2011 son ilegales y deberán devolverse, aunque ha especificado que le corresponde hacerlo a los inversores, no a los armadores ni a los astilleros. Aunque los contratos que firmaron entre ellos harán que una parte de la devolución de los 3.000 millones recaiga sobre armadores y astilleros.
Almunia ha señalado que en 2006 Bruselas determinó que el sistema francés de ayudas, que era muy similar al español, no era compatible con el derecho comunitario, y que entonces España debería haber tomado medidas y dejado de conceder los beneficios fiscales que ahora reclama la CE que se devuelvan a la Hacienda española.
El comisario ha dicho lo mismo que en otras ocasiones, que no son los armadores ni los astilleros los que tienen que pagar, aunque el enrevesado sistema de aquellas «tax lease», hace que finalmente recaiga sobre ellos y que lo vayan a sufrir los 87.000 empleados del sector.
La delegación que se ha entrevistado con el comisario estaba encabezada por el ministro de industria, José Manuel Soria, que ha dicho que es insuficiente la respuesta de Almunia. Ha estado acompañado por los presidentes de las tres comunidades más afectadas, Galicia, País Vasco y Asturias, así como por los secretarios generales de los sindicatos CCOO y UGT.
También ha asistido a la entrevista Álvaro Platero, presidente de Pymar sociedad que agrupa a los 19 astilleros privados españoles, que ha dicho que la devolución de los aproximadamente 3.000 millones de euros serán «el fin de la industria naval privada en España».
La decisión de la Comisión Europea se conocerá el próximo 17 de julio.
