Al gobierno de coalición alemán entre democristianos y socialdemócratas solo le queda dar el visto bueno en el Consejo de Ministros de la Federación a la ley que restringe la inmigración de ciudadanos europeos al país germano. Estar en desempleo, falsear documentación para conseguir ayudas sociales o generar altercados de orden público, serán los tres grandes supuestos para ejecutar la expulsión. La Ley no viola la directiva de libre circulación de europeos, pero sí se alimenta de sus generalidades y limbos legales.

Los cabezas de los ministerios de Trabajo e Interior, la socialdemócrata Andrea Nahles y el cristianodemócrata Thomas Maizière, respectivamente, han anunciado hoy el final de la redacción de la ley inmigratoria que prevé erradicar, o por lo menos reducir, el «turismo social». Véase, personas, que a ojos del Gobierno alemán, se benefician de ayudas sociales sin tener empleo y sin por tanto, contribuir al sistema de la seguridad social. Con la norma, estos inmigrantes se verán obligados a abandonar el país, aunque la ministra de empleo, consciente de la imposibilidad de expulsar a las miles de personas que se verían afectadas, señala que «todos ellos perderían el permiso de residencia y los derechos que este implica». No tendrían asistencia sanitaria ni podrían beneficiarse del buen programa de ayudas del que disfruta Alemania, lo que desde el Gobierno se considera motivo suficiente para que estos inmigrantes abandonen por voluntad propia el país.

Economía y picardía, son los dos argumentos que explican la nueva normativa. Alemania es una de las pocas economías europeas que ha conseguido capear dignamente la crisis, lo que ha convertido al país en destino de inmigrantes (como ciudadanos europeos, trabajen o no, tienen derecho a ayudas sociales en el país de residencia), en su mayoría desempleados en busca de trabajo y procedentes de la Europa pobre: arco mediterráneo y el este europeo. De estos últimos, un buen número de ellos proceden de Rumanía y Bulgaria (entraron en la UE en 2007 y en enero de 2014 terminaron todas las restricciones que sus ciudadanos tenían para trabajar en cualquier Estado de la Unión), regiones todavía más pobres, y a cuya población Berlín les atribuye el comportamiento más abusivo enfocado en la «caza» de ayudas sociales. Precisamente, eso es lo que el Gobierno de Merkel pretende cortar a fin de «garantizar la sostenibilidad de la Seguridad Social».

En este sentido van enfocados los pocos datos recogidos en el informe. Según el Instituto de Estadística alemán en su informe anual sobre inmigración, de los 35.000 ciudadanos rumanos y búlgaros que llegaron a Alemania en 2004, en 2012 eran más de 180.000. Si a esto le sumamos las declaraciones hechas, a finales del año pasado, por Torsten Brandes, director de la Familienkasse (órgano gestor de las ayudas públicas a las familias), acerca de que «el número de extranjeros que solicita Kindergeld [ayuda de 180 euros por cada hijo de trabajador] para su familia en su país de origen ha aumentado solo en 2013 un 30% y los primeros meses de 2014 señalan que este año será mucho peor»; Berlín habría decidido dar un paso en firme.

¿Quién se vería afectado?

Pese a la idea vendida por el Gobierno respecto a la excepcionalidad de la medida que afectaría a casos muy concretos de abuso claro, lo cierto es que la nueva normativa podría afectar a un buen número de personas que se encuentren bajo estos supuestos.

Inmigrantes que, tras residir en Alemania desde hace seis meses, no han encontrado empleo y no tienen «expectativas de encontrarlo» en un futuro. El estudio de tales «expectativas» queda a cargo de las autoridades, quienes harán oportunos estudios de adaptación, búsqueda activa de empleo y recursos económicos propios que garanticen su subsistencia. De no superarlo, podrían ser expulsados, como también ocurrirá con aquellos que acuden al país, sin intención de trabajar, con la única motivación de cobrar subsidios con los que mantener a su familia en el lugar de origen.

Inmigrantes que falseen datos de la unidad familiar para recibir ayudas. Berlín ha detectado que hay familias cuyo número de miembros es exagerado, al incluirse como hijos a sobrinos o personas de cualquier otra filiación. Lo mismo ocurre cuando «algunos de los hijos vuelven al país de origen, pero cobran prestaciones como si residiesen aquí». En este sentido y más allá de la amenaza de extradición, Alemania ha anunciado su intención de que todos los inmigrantes porten en su territorio un número de identificación fiscal, con el que se evitarían la concesión de ayudas en casos de «desajustes familiares».

Finalmente, para los casos de alteración reiterada del orden público, Berlín endurece las sanciones y agiliza los trámites de expulsión. Además, incluye por primera vez y de forma efectiva, el derecho de no readmisión durante los próximos tres años a la extradición.

¿Qué dice la ley europea de movilidad?

La normativa más reciente que regula la movilidad de los ciudadanos europeos, dentro del marco Schengen, es la «Directiva 2004/38/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 29 de abril de 2004, relativa al derecho de los ciudadanos de la Unión y de los miembros de sus familias a circular y residir libremente en el territorio de los Estados miembros». En ella se señala que «para residencias inferiores a tres meses, la única formalidad que se requiere de un ciudadano de la Unión es estar en posesión de un documento de identidad o de un pasaporte válidos».

Pero la cosa cambia superado este plazo trimestral. La residencia entonces está sujeta a: «ejercer una actividad económica por cuenta ajena o propia; disponer de recursos suficientes y de un seguro de enfermedad para no convertirse en una carga para la asistencia social del Estado miembro anfitrión durante su período de residencia, cursar estudios y disponer de recursos suficientes y de un seguro de enfermedad o ser miembro de la familia de un ciudadano de la Unión que reúna alguna de las condiciones antedichas». De no cumplirse los criterios, la directiva abre la puerta a que cada uno de los Estados Miembros decrete la expulsión por lo que Alemania, al igual que ya hiciera Bélgica con la expulsión de cerca de 5.000 europeos el año pasado, no incumpliría la misma en caso de «carga excesiva para la seguridad social del país anfitrión» (de cómo valorar la carga no dice nada la directiva). Aunque, de aplicarse la extradición, solo podría hacerse en «casos muy excepcionales», lo que no parece ser la idea a priori.

Pese a que la Comisión mostró el pasado mes de marzo su descontento con la apertura de este debate por el Gobierno alemán, a quien le recordó que apenas el 2,6% de los ciudadanos europeos reside en un Estado distinto al suyo así como el hecho de que la mayoría de estudios demuestran que los inmigrantes «aportan más a los sistemas de bienestar de lo que reciben»; Alemania parece querer seguir los pasos que ya dieron Bélgica, Reino Unido o Francia desde el inicio de la crisis.