Preocupa la desconfianza de ciudadanos en instituciones políticas y judiciales
El Consejo de Europa «recomienda» a España adoptar un código de conducta ética de los responsables públicos, y muestra su preocupación por la proliferación de casos de corrupción entre parlamentarios, jueces y fiscales. El órgano anticorrupción del Consejo ha pedido al gobierno que recupere «la confianza de los ciudadanos en las instituciones políticas y judiciales». Pide un informe antes del 30 de junio de 2015.
El Grupo de Estados contra la Corrupción (GRECO) recomienda en su informe, que se adopte un código deontológico tanto para jueces como para fiscales y pide a las instituciones que amplien la independencia efectiva del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), incluyan criterios objetivos para nombrar a altos funcionarios judiciales y revisen el método de selección del fiscal general del Estado. A pesar de que el Consejo de Europa no critica nunca abiertamente a los gobiernos, llama la atención que destaque que «a pesar de todas las garantías, la percepción de la independencia del fiscal general del Estado es preocupante» y pide a la Fiscalía General del Estado que «sea y parezca imparcial, objetiva y libre de toda influencia o injerencia externa».
El Consejo de Europa ha presentado al gobierno 11 recomendaciones para que tome medidas y presente el informe de modificaciones antes del 30 de junio de 2015. A los parlamentarios les pide que elaboren un código de conducta en el que se den consejos sobre la prevención de conflictos de intereses, los regalos y los intereses financieros, así como la introducción de reglas en la relación entre parlamentarios y grupos de presión. También que se regulen las relaciones entre diputados y lobistas, se obligue a realizar declaraciones de bienes.
En el ámbito de la justicia, pide a los jueces más transparencia sobre la nominación de presidentes de tribunales provinciales, del Tribunal Superior de Justicia, de la Audiencia Nacional y del Tribunal Supremo, y que se evite dilatar en el tiempo los procedimientos disciplinarios. Y sobre la fiscalía, en el informe se solicita que se revise el método de nombramiento y la duración del cargo del Fiscal General del Estado y se adopte un código deontológico para los fiscales y se establezca un cuadro reglamentario específico sobre las sanciones disciplinarias que se pueden aplicar.
El órgano anticorrupción europeo que visitó España en junio de 2013, recuerda que en 2008, España estaba entre los 20 países menos corruptos del mundo, y en 2012 se situó en el puesto 30. La delegación que investigó la situación de la corrupción estaba formada por Yves Marie Doublet, director general adjunto de la Asamblea Nacional francesa; Djuro Sessa, juez del Tribunal Supremo de Croacia, Hans Nelen, catedrático de criminología de la Universidad holandesa de Maastricht y James Hamilton, ex fiscal general de Irlanda.
La delegación europea constató que España «ha sido el escenario de numerosos casos de corrupción protagonizados por responsables políticos de primer orden, altos funcionarios o empresarios». Su informe coincide con las conclusiones de un reciente informe del CIS (Centros de Investigaciones Sociológicas), que mostraba que la preocupación entre los españoles es la segunda preocupación de los ciudadanos, aumentando 6 puntos en poco más de un mes. Más coincidencias, hoy se ha sabido que la Comisión Europea investiga al sindicato UGT por posibles irregularidades en las ayudas económicas concedidas para cursos de formación y el fiscal anticorrupción del caso Nóos, ha acusado al juez José Castro de basarse en una «teoría conspiratoria» para imputar de nuevo a la Infanta Cristina.
Informe GRECO sobre corrupción en España, en PDF
