El presidente de la Comisión Europea, José Manuel Durao Barroso, ha dicho que «la libertad de circulación es a Europa lo que los cimientos a los edificios: si los eliminas, toda la estructura se resentirá» aunque ha explicado a continuación que la posibilidad de «reintroducir controles en circunstancias excepcionales existe en el sistema Schengen, pero debe tratarse como último recurso» y ha hecho hincapié en que los países afectados «no tienen que hacer frente solos» a la situación ya que la «inmigración es un reto europeo que requiere una respuesta europea».

A los parlamentarios no les ha parecido que este sea el momento de ese último recurso. El presidente del grupo Popular Europeo, el alemán Manfred Weber, ha definido el espacio sin fronteras como «un éxito clave del proyecto europeo» y ha recordado que Suecia recibe cada año a 25.000 refugiados y a nadie «se le ha ocurrido cuestionar Schengen». Añadió además, que el ingreso de Bulgaria y Rumanía no debe posponerse aprovechando este momento. Francia veta la entrada de los dos países en el espacio Schengen aduciendo que no están preparados todavía.

Para el presidente del grupo socialista, el también alemán Martin Schulz, que 25.000 inmigrantes crucen el Mediterráneo no es una crisis, es una circunstancia insuficente para «suspender los derechos de los ciudadanos europeos». Ha llegado a afirmar que «estamos perdiendo el espíritu europeo»

El liberal belga Guy Verhofstadt, ha sido más duro cuando se ha referido a una «partida de ping pong entre dos gobiernos a costa de los refugiados».

El debate continuará. Este jueves se reúne en Bruselas el Consejo de ministros de Interior para hablar del tema. El ministro alemán Hans-Peter Friedrich, ha dicho ya que es partidario de la reforma en una entrevista que publica el diario Le Figaro. Opinión contraria es la de su homólogo y vicepresidente del Gobierno español, Alfredo Pérez Rubalcaba, que ha dicho en París, donde se encuentra en una reunión preparatoria del G8, que no le parece tan urgente ni tan necesaria la reforma.

La decisión definitiva la tomará el Consejo de Jefes de Estado y de Gobierno del próximo junio.