En el Parlamento Europeo, Mario Draghi, ha pedido que se apliquen «de forma contundente» las reglas que endurecen las sanciones contra los países con déficit excesivos, por considerar que se trata de un test para la «credibilidad» de la eurozona.

Un día antes de que el Gobierno aprobara el decreto ley el BCE emitía un informe desaconsejando la medida. El banco central recibió el pasado 20 de marzo el proyecto de ley para el que se le solicitaba una evaluación, el 10 de abril emitió su dictamen que no es vinculante, el decreto se aprobó en España el 11 de abril.

El BCE señala que apoya «que los recursos financieros disponibles de los sistemas de garantía de depósitos se puedan utilizar para financiar la resolución, «pero considera de vital importancia que ello no ponga de ningún modo en peligro la función principal de los sistemas de garantía de depósitos, es decir, la protección de los depósitos garantizados.»

La entidad europea considera que la adquisición de acciones de entidades que no cotizan en bolsa por parte del FDG no es prudente y, desaconseja que se modifique el Real Decreto en vigor. Algo a lo que el ministro Luis de Guindos ha hecho oídos sordos.

El BCE, recuerda que se está revisando una Directiva que puede introducir normas sobre las políticas de inversión de los sistemas de garantía de depósitos, y eso podría hacer que se tuviera que modificar de nuevo el Real Decreto español, «especialmente en lo tocante a las clases de valores en los que el FDG pueda invertir».

En su informe el BCE incide en que las facultades del fondo «deben respetar las exigencias del Memorando de Entendimiento (MoU), suscrito por España para recibir el rescate de los bancos y afirma que «entiende que no se utilizarán recursos públicos para financiar las nuevas facultades del FDG.»

Avisa de que deben respetarse los principios de reparto de cargas que figuran en el MoU, sobre todo que el precio que pague el fondo de garantía por las acciones que adquiera a los inversores minoristas «sea justo».