Según el informe «El dinero habla: África en el G-7» esa cifra equivale a tres veces más de lo que necesitan los sistemas sanitarios de los países africanos afectados por el ébola, Sierra Leona, Liberia, Guinea y Guinea Bissau.

En un informe de abril de este año, Oxfam calculaba que se necesitan 1.700 millones de dólares para mejorar los sistemas de salud, peligrosamente inadecuados, en esos países. La cifra se basa en el gasto de 86 dólares por habitante que recomienda la Organización Mundial de la Salud para cubrir un paquete mínimo de servicios esenciales.

El nuevo informe de Oxfam se conoce cuando los líderes políticos del G-7, integrado por Alemania, Canadá, Estados Unidos, Francia, Gran Bretaña, Italia y Japón, se preparan para reunirse con sus homólogos africanos en la cumbre anual que se celebra en Baviera, Alemania, los días 8 y 9 de este mes.

La delegación africana estará representada por el primer ministro de Etiopía, Hailemariam Desalegn, y los respectivos presidentes de Liberia, Ellen Johnson Sirleaf, Nigeria, Muhammadu Buhari, y Senegal, Macky Sall, quienes se sumarán a la sesión ampliada del 8 de este mes.

Oxfam ha solicitado a los países del G-7 que incluyan medidas para una ambiciosa reforma fiscal en las discusiones acerca de cómo el grupo puede apoyar el crecimiento económico y el desarrollo sostenible del continente africano.

En Gran Bretaña, Oxfam integra una alianza de la sociedad civil que solicitó al gobierno británico, reelegido recientemente, que presente un proyecto de ley contra la evasión fiscal, lo cual dificultaría la evasión de las empresas británicas en los países donde operen, una práctica que actualmente les cuestan miles de millones de dólares al año a algunos de los países más pobres del mundo. Con este fin, la alianza, que además de Oxfam incluye a las organizaciones ActionAid y Christian Aid, lleva a cabo una campaña por el Proyecto de Ley de Evasión Fiscal.

Oxfam sostiene que una ley bien ideada contra la evasión fiscal también evitaría que las grandes empresas dejen de pagar sus impuestos en Gran Bretaña, y podría generar al fisco británico un mínimo de 5.400 millones de dólares por año, equivalente a 910 dólares por cada hogar que vive por debajo del umbral de la pobreza en este país.

«Las empresas transnacionales, muchas de ellas con sede en Gran Bretaña y otros países del G 7, están estafando a los países africanos por miles de millones de dólares en ingresos fiscales vitales que podrían ayudar a la población vulnerable a recibir asistencia sanitaria digna y a enviar a sus hijos a la escuela», asegura Nick Brye, jefe de campañas de Oxfam en este país.

«Para financiar la lucha contra la pobreza y lidiar con el agravamiento de la desigualdad extrema, necesitamos medidas para garantizar que las grandes empresas paguen la parte que les corresponda, aquí y en las naciones más pobres del mundo», insiste en Londres.

Oxfam también recuerda que las medidas internacionales existentes para hacer frente a la evasión fiscal de las empresas, tales como el proceso de Erosión de la Base Imponible y el Traslado de Beneficios (BEPS, en inglés), dirigido por la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico para el Grupo de las 20 mayores economías del mundo, dejan la posibilidad de recurrir a lagunas legales para evitar el pago de impuestos.

La organización advierte que las empresas transnacionales pueden aprovechar esas lagunas en sus operaciones en el Sur en desarrollo y que muchos países africanos han sido excluidos de las negociaciones sobre la reforma del BEPS y, por tanto, no se beneficiarán del mismo.

Oxfam también solicitó al ministro de Hacienda británico, George Osbourne, que asista en julio a la Conferencia de Financiación para el Desarrollo que se realizará en Etiopía, con la presencia de jefes de Estado y ministros de Economía de todo el mundo.

La conferencia, que tratará sobre la forma en que la comunidad internacional financiará el desarrollo en los próximos 20 años, es una oportunidad para que los gobiernos colaboren en darle forma a un sistema fiscal mundial más democrático y justo.

Según Oxfam, en 2010, el último año del que se dispone de datos, las empresas y los inversores con sede en los países del G-7 evadieron el pago de impuestos sobre 20.000 millones de dólares de ingresos mediante una práctica conocida como facturación fraudulenta, por la cual una empresa fija artificialmente los precios de los productos o servicios vendidos entre sus filiales para evitar los impuestos.

Los impuestos empresariales en África son por término medio del 28 por ciento, lo que equivale a casi 6.000 millones de dólares perdidos. Además, los países en desarrollo en su conjunto pierden unos 100.000 millones de dólares al año a través de planes de evasión fiscal que implican a los paraísos fiscales, según la Conferencia de las Naciones Unidas sobre Comercio y Desarrollo.

«La reforma de las normas internacionales que rigen los impuestos empresariales para que los gobiernos africanos pueden reclamar el dinero que se les adeuda es vital para combatir la pobreza extrema y la desigualdad y fomentar el crecimiento económico», destaca Brye.