No han sido solo los pequeños accionistas de la corporación farmacéutica suiza Novartis los que no han estado muy de acuerdo con los 79 millones de dólares que se le concedieron el 22 de febrero al dimisionario presidente de la empresa, Daniel Vasella. La indignación pública fue enorme.

Dos semanas después, la ciudadanía suiza envió un mensaje claro a los ejecutivos: ya no toleraría sus abultados salarios y bonificaciones. El sesenta y ocho por ciento de los votantes apoyaron la «iniciativa del gato gordo» que, cuando se convierta en ley, pondrá límites a la libertad de los ejecutivos y consejos de administración de fijarse salarios, primas e indemnizaciones.

El referendo fortaleció la democracia entre los accionistas, quienes, reunidos en asamblea general, tendrán derecho a veto en materia de salarios y otros pagos a los ejecutivos.

Pero en el esquema de que cada acción vale un voto, los accionistas menores suelen quedar en desventaja ante los grandes inversores.

David Roth, presidente del Partido de las Juventudes Socialistas Suizas (JUSO) señala que «la iniciativa del gato gordo incluye algunos aspectos positivos. Sin embargo, no ayuda mucho a limitar los grandes salarios ni a solucionar la desigual distribución de ingresos».

Por eso el JUSO propuso otra consulta popular sobre el 1:12, para poner topes a los salarios más altos de una empresa en una cantidad 12 veces mayor que el sueldo más bajo que se pague en la misma empresa.

«Ningún gerente debería ganar en un mes más de lo que sus empleados ganan en un año», argumenta el JUSO.

El poderoso lobby neoliberal de Suiza se empleó a fondo para impedir el éxito de la iniciativa del gato gordo. Con el fracaso de su costosa campaña y el referendo del 1:12 a la vista, está cada vez más nervioso.

Para 2014 se prevé la celebración de otro referendo para decidir si se introduce en este país el salario mínimo nacional.

Suiza se ha transformado en uno de los países más ricos del planeta. Tiene uno de los PIB (producto interior bruto) más altos del mundo por persona, y un desempleo de apenas um tres por ciento.

En cuanto a desigualdad de ingresos, se ubica en la media europea. Según los números más recientes, el 3,5 por ciento de los empleados son trabajadores pobres, mientras que las 11.586 personas mejor pagadas perciben el equivalente a unos 554.000 dólares por año cada una.

Según Daniel Lampart, economista jefe de la Federación de Sindicatos de Suiza, la causa de los crecientes excesos salariales de los últimos 20 años fue que los sueldos gerenciales se vincularon cada vez más a las utilidades y al valor de las acciones de sus empresas. «La introducción de bonificaciones permitió a los gerentes desviar grandes sumas de dinero a sus bolsillos», explica.

Los sindicatos no son muy poderosos en este país y hay pocas negociaciones colectivas de trabajo. El salario mínimo no existe, la relación entre empleados y empleadores está sujeta al concepto de asociación social y las huelgas son raras.

En este contexto, las políticas salariales cada vez más individualizadas han enriquecido sobre todo al segmento de empleados mejor pagados.

Las campañas a favor y en contra de la iniciativa de 1:12 tocaron su punto más caliente. En un rincón están el JUSO, los sindicatos y el Partido Social Demócrata. En el otro, la coalición SGV, de pequeñas y medianas empresas suizas, que encabeza la oposición a la propuesta, apoyada por otras organizaciones vinculadas a la economía y a los partidos liberales y de derecha.

Si la propuesta se aprueba, las directamente afectadas serán entre 1.000 y 1.300 empresas, las más grandes, con alrededor de medio millón de empleados. Y unas 4.400 personas de grandes salarios sufrirán reducciones.

La campaña contra la iniciativa no ha logrado articular una explicación convincente de la necesidad de que alguien perciba un salario 30, 50 o 100 veces mayor al de un empleado poco cualificado. Sus argumentos se centran en advertir que toda la sociedad se verá perjudicada.

Hans-Ulrich Bigler, director de SGV, dijo que las pérdidas para el sistema de seguros a la vejez y para la recaudación impositiva puede equivaler a casi 4.400 millones de dólares por año. Los aumentos en los tributos serán inevitables, agregó.

Una mirada más aguda a esta estimación muestra que estos números se desprenden del peor de los casos posibles, que también es poco realista.

El JUSO cree que la iniciativa reducirá las desigualdades de ingresos, y que un aumento de los salarios más bajos minimizaría las posibles pérdidas fiscales. La verdad es que nadie puede estimar las consecuencias económicas y fiscales en este punto, pues todo dependerá de cómo reaccionen las empresas afectadas por el nuevo régimen de 1:12.

¿Acaso elevarán los sueldos más bajos? ¿O recortarán los más altos y usarán el dinero para realizar inversiones? ¿O abandonarán el país, como amenazó con hacer Ivan Glasenberg, presidente del gigante de las materias primas GlencoreXstrata?

El gobierno teme principalmente por la competitividad del país. «Hay un peligro real de que las compañías con sede en Suiza puedan irse, y puede ocurrir que las limitaciones salariales disuadan de instalarse aquí a firmas extranjeras que buscan nuevas sedes», dijo el ministro de Economía, Johann Schneider-Ammann, en una conferencia de prensa.

La propuesta del 1:12 no es nueva. Cuando el JUSO, liderado por David Roth, empezó a recolectar firmas para respaldarla en 2009, nadie esperaba que tuviera posibilidades de éxito. «La aprobación del 'gato gordo' esta primavera representó una ruptura con el pasado. Tras años de desregulación y liberalización, la gente volvió a reclamar reglas para la economía», dice Roth.

El dirigente es consciente de que solo una de cada 10 iniciativas populares tiene éxito. Pero confía en que el 24 de noviembre, David ganará a Goliat.