Los desajustes provocados por este mal comienzo los estamos sufriendo ahora. La Unión Europea se ha fragmentado y el Norte, que cuadra sus cuentas y controla el déficit público, intenta poner orden en las políticas presupuestarias de un sur agobiado por las deudas.

Grecia, Portugal, antes Irlanda, saben ya cuales son las contraprestaciones que el nuevo gobierno «de facto» de la Unión, la troika –Comisión, BCE y FMI - , les está exigiendo. Capas cada vez más amplias de la población sufren, y sufrirán cada vez más, políticas de reducción del gasto público –con especial impacto en el aumento del paro y en la disminución de las prestaciones sociales – y de devaluación de los salarios.

Los excesos en el gasto público –que derivaron en gigantescas deudas públicas, como en el caso de Italia - y en el crédito esparcido por el sistema financiero durante la época de la burbuja inmobiliaria en Irlanda y España, cuando el dinero corría por Europa como un maná, han llevado hoy a los recortes en el estado del bienestar y a la tendencia al empobrecimiento que ya se detecta, sobre todo, en el sur del continente. En Alemania, el país que ha pasado a pilotar la Unión Europea, la situación no es exactamente así. Las tensiones que se han producido en las deudas soberanas de los países débiles han beneficiado a Berlín, cuya deuda pública se ha convertido en un codiciado refugio para los inversores. El país ha podido financiarse así a precios irrisorios, equilibrar sus cuentas y, además, disponer de un tipo de cambio muy favorable para sus exportaciones, columna vertebral de su economía. Por si fuera poco, algún retroceso en el estado del bienestar alemán, como el copago sanitario, implantado en 2004 por el predecesor de Merkel, Gerhard Schröder, se elimina a partir de 2013. Estas medidas impopulares desaparecen ahora en Alemania mientras en España se implantan para hacer sostenible el modelo sanitario.

La crisis está redibujando, pues, el mapa social de Europa. Los rescates financieros y las políticas de ajuste presupuestario ya en marcha en España, Italia y Francia ahondarán las diferencias sociales entre países, con sistemas de protección social muy desiguales, y pueden ser la semilla de una fuerte inestabilidad en el futuro más cercano.

La fórmula alemana para Europa, basada en un resurgir de un férreo neoliberalismo tecnócrata, ha sido cuestionada por quienes consideran que deben impulsarse con mayor fuerza las políticas de crecimiento, a cuyo servicio debe estar el Banco Central Europeo. Hasta la propia directora del Fondo Monetario Internacional, Christine Lagarde, consciente de los «efectos detractores del crecimiento derivados de los recortes en los países en crisis», ha pedido a la propia Alemania que ralentice su consolidación fiscal para suavizar esos efectos.

Algunas voces vienen alertando desde hace tiempo sobre las consecuencias de las reformas emprendidas en Alemania durante el periodo socialdemócrata y verde, cuyo objetivo era aumentar la competitividad de las empresas y sus beneficios. La más polémica fue la que introdujo los «minijobs» –empleos de baja remuneración, por llamarlos de una forma suave - , que ya ocupan a 7,3 millones de trabajadores. Esta precariedad, que afecta a una de cada cuatro relaciones laborales, destruye empleo convencional y condenará a una vejez de pobreza a quienes trabajen exclusivamente con este tipo de contratos. Sin embargo, otros también piensan que los «minijobs» han dinamizado el mercado de trabajo y ampliado las oportunidades de empleo.

En doce años, en Alemania se ha pasado de un 15 por ciento de trabajadores con sueldos precarios a un 25 por ciento. ¿Es ésta la doctrina – la llamada «Agenda 2010» alemana- que el Banco Central Europeo quiere exportar a los países del sur?. Eso parece. Italia es un buen ejemplo de la implantación de estas políticas, que se explican a la opinión pública como irreversibles y cuya conducción se pone en manos de tecnócratas. El caso Monti, o la «excepción Monti», abre un debate sobre la fragilidad de la democracia o, dicho de otro modo, sobre los déficits democráticos, cuando los ciudadanos están dejando de serlo al ser consultados cada vez menos sobre las reformas que, al final, les afectan.

El futuro de la Unión afronta esta dura tensión entre las políticas de restricción, con el BCE al frente, y otras de carácter más expansivo que deberían contribuir y mejorar los equilibrios sociales que hasta ahora habían hecho atractiva la construcción europea. Será difícil frenar la desafección popular hacia el proyecto europeo sólo a base de menos derechos sociales, menos sueldo, más paro y empobrecimiento.

Otras políticas emprendidas en 2012, como el arranque de la unión bancaria, clave para una supervisión centralizada del sistema financiero europeo que garantice su solidez y, en definitiva, para una mayor integración económica, de poco servirán si los mecanismos de solidaridad no funcionan.

La receta exclusiva de la austeridad, a falta de medidas de estímulo anticrisis, está minando la aceptación del proyecto europeo, de sus instituciones e, incluso, de los gobiernos nacionales. Y surgen viejos estereotipos, por lo demás totalmente injustos, que distancian a los pueblos y siembran vientos de insolidaridad: el Norte rico se pregunta si debe seguir financiando los «excesos» del sur. La debilidad de Francia, segunda economía de la eurozona, – que deberá recortar en 2013 entre 30.000 y 35.000 millones de euros- , de Italia y España, les impide actuar como un contrapeso a la visión que Berlín tiene de la salida de la crisis y de la propia Unión, rompiéndose así la tradición de equilibrios y negociación en la que se ha basado la construcción europea.

La eterna pregunta sigue abierta:¿ se encamina la Unión hacia un diseño federal, con un importante vaciado de competencias nacionales o, por el contrario, se seguirá apostando por la prevalencia de los Estados nacionales?. ¿El control de ese proceso se hará de forma consensuada?

Las incógnitas que se derivan de estas cuestiones han incrementado en Gran Bretaña – cuarenta años después de su entrada en la CEE - el número de ciudadanos que están a favor de un referéndum sobre la salida o permanencia de su país de la Unión Europea. Hasta tal punto, que el primer ministro, David Cameron, no ha descartado convocar esa consulta entre 2015 y 2020.

Para entonces, la eurozona –dicen los defensores de las políticas de austeridad – ya habrá salido del actual atolladero, será más fuerte, unida y solidaria. Esperar y ver, dicen los británicos...y no solo los británicos.