El ministro de Agricultura español, Miguel Arias Cañete, se ha mostrado muy satisfecho con el acuerdo y ha dicho que España ha conseguido «la práctica totalidad» de sus aspiraciones. Las ayudas directas serán de 35.705 millones de euros, 8.291 millones para el desarrollo rural y más de 3.000 para medidas de mercado, un total de 47.000 millones de euros de los fondos europeos que si se suman a la cofinanciación nacional llegarán a 50.000 millones.

Habrá una convergencia clara de pagos no solo entre los Estados miembros, sino también dentro. El pago será más ecológico, el 30 % de la dotación nacional se vincula a prácticas agrícolas sostenibles.

Los países que mantienen asignaciones basadas en referencias históricas deberán pasar al pago por hectárea. Pueden decidir si lo harán desde un enfoque nacional o regional, aunque pueden optar a aplicar un pago máximo por hectárea.

El pago básico para los nuevos agricultores, menores de 40 años, debe complementarse con un 25 % durante los primeros 5 años de la explotación. Será financiado hasta en un 2 % de la dotación nacional y será obligatorio para todos los Estados miembros. A esta se suman otras medidas del programa de desarrollo rural.

Las zonas desfavorecidas podrán recibir un pago adicional de hasta el 5 % de la dotación nacional. Además cada explotación recibirá un pago por hectárea para que lleven a cabo prácticas agrícolas beneficiosas para el clima y el medio ambiente. El 30 % de la dotación que reciba cada país se debe utilizar para estas subvenciones. Es obligatorio y no respetar esta cláusula dará lugar a sanciones de hasta el 125 % del pago que debería haberse hecho.

Solo pueden recibir ayudas los agricultores activos, esta figura se define por exclusión, es decir, se ha elaborado una lista de las actividades por las que no se podrán obtener ayudas: aeropuertos, servicios de ferrocarriles, obras hidráulicas, servicios inmobiliarios y servicios permanentes, y áreas de recreo.

Las cuotas lácteas vencerán en 2015, la reforma de la PAC prevé también el final de la cuota del azúcar el 30 de septiembre de 2017. En la producción de vino, se respeta la reforma que se hizo en 2006 para poner fin al sistema de derechos de plantación de vides a partir de 2016.

Se mantiene el programa de leche y fruta en las escuelas y se incrementa desde 90 millones de euros a 150 millones al año.

Los agricultores podrán negociar contratos colectivamente para el suministro de aceite de oliva, carne, cereales y otros bajo determinadas condiciones y garantías.

Los países o las regiones seguirán diseñando sus propios programas multianuales de desarrollo rural que serán cofinanciados con el 30 % de sus fondos para este fin a cargo del presupuesto de la UE.

Todos los nuevos reglamentos deberán entrar en vigor el 1 de enero de 2014 aunque habrá un periodo de transición para que los países se puedan adaptar por lo que se aplicarán a partir de 2015.