La denominada Convención Minamata sobre Mercurio, que dispone medidas de control y de reducción del uso de productos y de procesos que emplean el metal, ha sido aprobada por representantes de más de 140 gobiernos, se firmará en septiembre y entrará en vigor cuando la hayan ratificado al menos 50 países.
Las disposiciones del acuerdo firmado en Ginebra prohíben para 2020 la producción, exportación e importación de algunos productos que contienen mercurio. La veda alcanzará a distintos tipos de pilas, ciertas clases de lámparas fluorescentes, así como jabones y cosméticos, algunos instrumentos médicos no electrónicos como termómetros y aparatos de medición de presión arterial.
El tratado excluye de la prohibición a otros elementos que hasta ahora carecen de sustitutos libres de mercurio, como las vacunas donde el metal se utiliza para su preservación y otros empleados en actividades religiosas o tradicionales.
Las negociaciones de la Convención Minamata sobre Mercurio, que toma su nombre de una región de Japón donde las emisiones del metal causaron graves daños humanos y ambientales en el siglo XX, han sido presididas por el diplomático uruguayo Fernando Lugris, secundado por técnicos del Programa de las Naciones Unidas sobre Medio Ambiente y en particular por su director ejecutivo, Achim Steiner.
Lugris, que ha llevado a buen puerto cuatro años de negociaciones, reconoce su satisfacción por el acuerdo alcanzado durante una entrevista sostenida al cierre de los trabajos.
¿Qué balance hace de este proceso?
Fernando Lugris.- Creo que hemos llegado a un nivel de ambición alto, donde las medidas de control, sobre todo para regular las emisiones de mercurio al aire, al suelo y al agua, son realmente ambiciosas. Podremos lograr reducciones a nivel global que van a ser muy importantes.
¿A qué tipo de emisiones se refiere el texto?
FL.- Este tratado no busca reducir las emisiones que son naturales, porque el mercurio es un elemento de la naturaleza que se encuentra presente en el planeta, sino que estamos tratando de reducir aquellas emisiones antropogénicas generadas por el uso en productos o en procesos del hombre y estamos buscando alternativas para su substitución.
¿Afectará el convenio a la situación de los países?
FL: Básicamente, el tratado busca no imponer límites al desarrollo de los países sino orientar hacia un desarrollo sostenible que justamente haga que los procesos y los productos en el futuro estén libres de mercurio, es decir, buscar alternativas sostenibles para ellos.
Representantes de organizaciones no gubernamentales han cuestionado las decisiones aprobadas, pues entienden que son insuficientes para reducir las emisiones mundiales de mercurio y que, incluso, pueden llegar a provocar un aumento de la contaminación por ese metal.
FL.- Opino que la sociedad civil tiene que mantener su voz reclamando que los gobiernos realicen esfuerzos mayores y este tratado es un punto de partida muy importante. Hasta ayer no existía un esfuerzo de la comunidad internacional de carácter vinculante. Hoy contamos con ello.
Sin embargo, este esfuerzo podrá verse reforzado con acciones futuras a través de la evolución del propio tratado en su conferencia de las partes.
Le tocó durante las negociaciones tener que lidiar con la división Norte-Sur que caracteriza la mayoría de los debates multilaterales.
FL.- En algunos temas, la división Norte-Sur sigue existiendo. Sin embargo, en otros ya percibimos que el mundo está cambiando. Claramente esto se ve en el tema de las emisiones aéreas, donde
países como China e India son los grandes emisores a la atmósfera por la combustión de carbono para la generación de energía.
Pero en la misma línea se encuentran Estados Unidos y la Unión Europea. Y se vio muy claro en las discusiones para las reducciones aéreas cuando el paquete a negociar se fue estableciendo entre los grandes emisores.
¿Ha habido algún otro grupo de países durante las negociaciones?
FL.- Si, en las liberaciones de mercurio al agua encontramos que los países en desarrollo, especialmente de África y América Latina, presentan una realidad claramente similar, y que la necesidad mayor es buscar cooperación y poder asistir a las poblaciones vulnerables.
¿Qué suerte corrió la iniciativa sobre la cuestión de la salud del grupo de países de América Latina y el Caribe?
FL.- El llamado Grulac lo que buscó fue introducir claramente el tema salud en toda la Convención, y básicamente el texto acordado contiene muchas medidas que incluyen de forma integral aspectos de protección en ese sentido.
Asimismo, el grupo insistió en la necesidad de contar con un artículo específico sobre salud. En principio, los países industrializados entendieron que no era pertinente ubicar un ítem sobre salud en un acuerdo medioambiental. Sin embargo, la insistencia de América Latina y su evidente interés por la protección a la salud humana logró que el plenario de hoy llegara a un acuerdo sobre un artículo específico relativo a la salud.
¿Prevé el texto aprobado un aporte de fondos para sostener esa protección a la salud humana?
FL.- Como la Convención habrá de tener un organismo financiero que persita su puesta en vigor, está claro que las medidas que se van a llevar a cabo van a afectar de forma positiva a la protección de la salud humana.
Y sobre todo hay que destacar que a la salud humana, en materia de contaminación de mercurio, no se la protege solamente a través de medidas en ese sentido, sino que el control de las emisiones atmosféricas es la acción más importante para preservar a los humanos.
En el último momento algunos países, como Canadá, Francia y Gran Bretaña, rechazaron una propuesta de Bolivia para incorporar al texto una referencia a las poblaciones indígenas. ¿Cómo se desarrolló ese debate?
FL.- La comunidad internacional ha logrado, a través de un acuerdo no vinculante como la Declaración sobre los Pueblos Indígenas, tener claramente plasmado este término, pero lamentablemente a nivel de un acuerdo vinculante existen aún algunos países que se oponen a dicha denominación. No es el caso de América Latina.
¿Cual es su opinión en ese aspecto?
FL.- América Latina apoya la declaración de los pueblos indígenas y se refiere claramente a los derechos colectivos que fueron reconocidos en ese acuerdo, que además fue adoptado en Ginebra con apoyo de Uruguay y bajo la presidencia de Perú.