Un grupo numeroso de croatas dio un salto de alegría cuando en grandes pantallas de televisión vieron como la Sala de Apelación del Tribunal Penal Internacional para la antigua Yugoslavia (TPIY) absolvía a Ante Gotovina y Mladen Markač, ambos condenados respectivamente a 24 y 18 años de cárcel, por la expulsión de 250.000 serbios de la zona de la Krajina, en el verano de 1995.

Los argumentos para la absolución: 1) la Fiscalía en su alegaciones no acusó a los condenados de deportación, sino de que los civiles huyeron por un «bombardeo indiscriminado»; 2) la Fiscalía se centró en que los ataques iban dirigidos a Milan Martić, Comandante en Jefe de las fuerzas serbias, y no contra la población 3) la Fiscalía no incluyó en su acusación que hubiera ataques indiscriminados en un entorno urbano 4) Las transcripciones de Brioni no prueban que hubiera ninguna orden determinada para expulsar a los serbios.

Por el contrario la Sala de Apelación llega a la conclusión de que las acciones que generaron los 250.000 deportados en la denominada «Operación Tormenta» pueden ser «razonablemente interpretadas como operaciones de combate legales». Además señala que el «hecho de que Croacia adoptara medidas discriminatorias después de la salida de los civiles serbios de la Krajina no demuestra que estas salidas fueran forzadas». Los argumentos esgrimidos por el tribunal merecen cuanto menos una mirada de asombro, y establecen un peligroso precedente al no distinguir población civil y población militar en el contexto de un conflicto bélico.

El TPIY se fundó cuando la guerra en Bosnia no había terminado (1993), para llevar a los culpables de una guerra fratricida ante un juez, para hacer justicia en favor de las víctimas y para lograr la reconciliación regional entre serbios, croatas, albaneses y bosnio-musulmanes. Esta última decisión adoptada por el tribunal es un jarro de agua fría para la reconciliación; coincidiendo, además, con la entrada de Croacia en la UE el año próximo, y con la victoria electoral este año de una coalición de partidos en Serbia, cuyos políticos oscilan entre el discurso europeísta y nacionalista con suma facilidad. A esto se une que el Tribunal Constitucional de Serbia ha impedido esta semana que fueran ilegalizadas toda una serie de organizaciones extremistas que durante los últimos años se habían caracterizado por su discurso y comportamiento violento y nacionalista.

La sentencia agrava la mala fama que ya tenía ganada el tribunal anteriormente. Ramush Haradinaj —a la espera de su segundo veredicto—, Naser Orić y ahora Ante Gotovina, jefes militares célebres y pertenecientes a los ejércitos albano-kosovar, bosnio-musulman y croata, respectivamente, están en libertad tras haber sido declarados en un primer momento culpables, mientras que la práctica totalidad de los serbios se encuentran entre rejas. Este trato desigual enciende la reivindicación nacionalista que más desvía a los serbios de la trayectoria europea mantenida en los últimos años.

El TPIY logrará con esta absolución: reducir el apoyo de los serbios a la entrada en la UE, aumentar el descrédito de la comunidad internacional de cara al futuro en cuestiones claves como el reconocimiento de la independencia de Kosovo, y favorecer alternativas políticas que alejan a Serbia de la cooperación regional, enfrentándola en esta cuestión con su vecindario político natural. Son decisiones que no pudiendo ser ya justas, porque atentan al sentido común, producen gran desconcierto entre los serbios. El desplazamiento de 250.000 serbios queda sin responsables criminales.

Los croatas que daban un salto de alegría en la plaza Jelačić al conocer la sentencia del TPIY no representan a todos los croatas. Pero si hay una mayoría, la serbia, que opina que esta sentencia pone en riesgo una tímida armonía regional lograda durante años pese a los criminales que se encuentran en la prisión de Scheveningen, y que bombardean con sus juicios e intervenciones públicas los televisores de las generaciones más jóvenes serbias y croatas. Sería deseable que no heredaran rencor alguno de un conflicto finalizado hace más de 15 años.