Esa histórica conferencia exigió el acceso a abortos seguros en países donde el procedimiento era legal, mientras que la declaración de esta semana llama a despenalizar la interrupción voluntaria del embarazo en todos los países.

La Declaración de Airlie también se anticipa a la nueva agenda de desarrollo internacional que se adoptará a partir de 2015. Sus promotores reclaman incluir el derecho al aborto en la próxima serie de metas mundiales que entrarán en vigor cuando expiren los Objetivos de Desarrollo para el Milenio (ODM).

«La verdadera igualdad de género no puede lograrse sin acceso al aborto seguro y legal», señala. «En las últimas dos décadas, aproximadamente un millón de mujeres y niñas fallecieron y más de 100 millones han sufrido heridas –muchas de ellas de por vida– debido a complicaciones de abortos inseguros».

El quinto ODM llama a reducir en tres cuartos la mortalidad materna y lograr el acceso universal a la salud reproductiva. Sin embargo, no incluye a los abortos seguros en su definición. Ahora, los activistas planean plantear formalmente estas recomendaciones en una cumbre por el 20 aniversario de la conferencia de El Cairo. El encuentro tendrá lugar en abril en Addis Abeba.

En el proceso de elaboración de nuevos objetivos de desarrollo, «la única meta que no consideraron fue la de la salud sexual y reproductiva para todos», dice Nafis Sadik, asesora especial del director ejecutivo de Onusida y ex directora ejecutiva del Fondo de Población de las Naciones Unidas.

La nueva declaración no solo apunta a incidir en la próxima agenda de desarrollo internacional, sino también a influir en los políticos estadounidenses. Las leyes vigentes en Estados Unidos desde hace cuatro décadas han impedido que programas de ayuda exterior financien campañas relacionadas con el aborto.

Los críticos sostienen que el resultado es una desconexión entre el trabajo hecho por la Agencia de Estados Unidos para el Desarrollo Internacional (Usaid) y los servicios de salud femenina que ofrece.

«En relación al problema de la política estadounidense, no solo se trata de apoyo financiero, sino también de liderazgo moral», dice Sadik. «Que Estados Unidos restrinja las áreas de apoyo o el financiación de cualquier organización no gubernamental que facilite abortos marca una gran diferencia».

Rentable y factible

La Declaración de Airlie se elaboró tras una conferencia de dos días cerca de Washington. La redactaron representantes de unos 30 países, entre ellos ministros de Salud, parlamentarios y líderes médicos, además de delegados de la ONU y de la sociedad civil.

«Nuestro objetivo es transmitir este mensaje y crear una coalición más amplia», nos dice la activista Elizabeth Maguire, presidenta de Ipas, organización no gubernamental internacional contra enfermedades y discapacidades causadas por abortos inseguros.

«Cada participante está comprometido a actuar», agrega. Maguire lideró la última conferencia en calidad de convocante.

Uno de los participantes fue John Paul Bagala, presidente de la Federación de Asociaciones Africanas de Estudiantes de Medicina. Bagala trabaja en un hospital en el norte de Uganda que trató a 480 mujeres por casos de abortos inseguros entre 2011 y 2012, y a otras 500 entre 2012 y 2013.

Según Bagala, brindar acceso a abortos seguros es también económicamente rentable. Tratar las heridas causadas por un aborto ilegal en Uganda puede costar más de 100 dólares, dice, mientras que el coste de un aborto seguro puede ser inferior a 10 dólares.

«Como estudiantes de medicina en África, luchamos para divulgar la declaración en nuestras respectivas instituciones», señala Bagala.

Asimismo, «para erradicar el estigma de nuestros trabajadores de la salud cuando todavía están en el sistema de formación, para garantizar que las mujeres, cuando buscan servicios, reciban el mejor que necesiten en términos de seguridad y calidad», añadió.

«Nos orientamos a integrar los aspectos de esta declaración sobre derechos a la salud reproductiva en el programa de capacitación de los trabajadores de la salud en África», agrega.

Del mismo modo, Maguire hace hincapié en que garantizar un acceso universal a los servicios de salud reproductiva no solo es crucial, sino también posible. En el caso de Nepal, por ejemplo, la despenalización del aborto mejoró la salud femenina y disminuyó la mortalidad materna.

«Nepal es uno de los pocos países que cumplirán el quinto de los ODM, y lo que los expertos dicen es que mejoró el acceso a la planificación familiar, a la atención obstétrica de emergencia y a los cuidados de emergencia en casos de aborto», nos dice la parlamentaria nepalí Arzu Rana Deuba.

Deuba recuerda la historia de una joven de Nepal que estuvo en prisión durante 12 años tras haber sido violada y haber intentado, sin éxito, someterse a un aborto ilegal. Su historia captó la atención internacional, y Nepal terminó despenalizando el aborto en 2002.

«Es una historia de esperanza», dijo Deuba. «Después de 2004, tuvimos 1.500 proveedores (de salud) cualificados y 75 hospitales brindando servicios de abortos médicos. A partir de 2014, 500.000 mujeres tienen acceso a abortos seguros, y eso es bastante para nosotros, que no somos un país grande».

Según ella, el éxito de Nepal no solo se debe a que hay más servicios médicos, sino también a que se produjo un cambio de actitud cultural en relación al aborto.

«Lo que sabemos ahora es que la ley cambia las actitudes sociales», dice Deuba.

«Trabajo a nivel comunitario, y los trabajadores me dicen que ya no hay más estigma, que el aborto se ve como parte de los derechos femeninos, que las mujeres se manifiestan más sobre el aborto... Se ve como parte de la atención continua. Ahora las mujeres no tienen por qué morir (a causa de abortos inseguros), y hay una sensación de confianza y seguridad entre ellas», afirma.