España, se desmarca de las políticas abortistas que prevalecen entre la mayoría de los Estados miembros. El anteproyecto de ley, denominado de protección de la vida del concebido y de los derechos de la mujer embarazada, que el Gobierno del Partido Popular ha presentado hoy en el Consejo de Ministros convertirá a España en el tercer país miembro de la Unión Europea, junto a Malta e Irlanda, en no permitir el aborto en caso de existir malformaciones en el feto. A excepción de una salvedad, si la «anomalía fetal es incompatible con la vida», es decir aquella que provoque el fallecimiento del feto en fase prenatal.

Sin embargo, con pretensiones de volver a lo expuesto en la Ley Orgánica de 1985 de manera más estricta y modificar la actual propuesta por el gobierno socialista de José Luis Rodríguez Zapatero en 2010, se mantiene el aborto por caso de violación si se ha denunciado durante las doce primeras semanas de gestación, y el de peligro de salud psíquica o física de la embarazada, siempre y cuando su diagnóstico esté respaldado por dos médicos especialistas que, además, no pertenezcan a la clínica donde la mujer vaya a ser sometida a la intervención.

Con el cambio de una ley de plazos a una de supuestos España se aleja de la Unión Europea ya que solo Inglaterra, Finlandia, Polonia y Chipre tienen leyes donde no existe un periodo de tiempo para decidir si abortar o no de manera libre.

Según la última estadística publicada este año por la ONU, Malta sería el país que más limitaciones pone a los casos de aborto al no dejar en ningún caso que se lleve a cabo la intervención.

Le sigue muy de cerca Irlanda, que no acepta la intervención ni para preservar la salud mental ni física de la madre, ni en caso de incesto o violación. Así como tampoco quieren poner fin a la vida del feto que tenga malformaciones o porque los padres estén viviendo una situación de precariedad económica. El único motivo por el que sería legal abortar en este país sería para poder salvaguardar la vida de la mujer.

Otro caso atípico es el de Inglaterra, que acepta todos los casos anteriores a excepción del de embarazo por rapto o incesto.

En España la actual Ley Orgánica 2/2010 tiene fijado un plazo de hasta las 14 semanas e incluso hasta las 22 si hay grave riesgo para la vida o la salud de la mujer embarazada, así como si existen anomalías en el feto que fueran incompatibles con la vida. El objetivo de esta nueva ley fue el evitar las intervenciones clandestinas que podían suponer un enorme coste económico en el mejor caso y en el peor la pérdida de la vida de la mujer que se exponía a estas prácticas ilegales.

Pero el punto más debatido fue el dar la posibilidad a las menores de 16 y 17 años de abortar sin necesidad del consentimiento de sus padres con el mismo fin de evitar la utilización de otras vías no legales y mucho más perjudiciales para su salud. No obstante, el tema se ha vuelto a abrir y, si el anteproyecto presentado hoy sigue adelante, toda menor de entre 16 y 17 años que tenga la intención de abortar necesitará el permiso de sus padres o tutores legales.

Otra de las diferencias que ha explicado el ministro de Justicia, Alberto Ruiz Gallardón, de este anteproyecto es la despenalización completa de la interrupción del embarazo, dado que la Ley actual mantuvo las sanciones para las infractoras (refiriéndose a las mujeres) aunque el concepto de aborto salió del Código Penal en el que estaba amparado desde los años 80.

Mariano Rajoy ha explicado en una rueda de prensa en Bruselas que su ejecutivo ha efectuado la marcha atrás de esta ley atendiendo a su último programa electoral y que con ella pretende volver a la línea que mantuvo España durante 20 años en el gobierno de Felipe González.

A estas declaraciones el Secretario General del PSOE, Alfredo Pérez Rubalcaba, ha respondido que el PP solo ha llevado a cabo este cambio por «intereses electorales». «No hay un clamor popular para que se quite la ley actual (...) y tampoco está al margen de la Unión Europea porque la ley de plazos homologa a España con todos los países de Europa», ha asegurado Rubalcaba.

Según los últimos datos del Instituto Nacional de Estadística (INE), en 2010 se practicaron 112.639 abortos en mujeres de un rango de edad de entre 15 y 49 años en España, 1613 más que el año anterior. El mayor número de abortos de 2010 está comprendido entre los 25 y 29 años, con 26.789 casos, más que los contabilizados en chicas de entre 15 y 19 años, que llegaron a sumar un total de 13.696 abortos ese mismo año.