«Tengo 22 años, estoy embarazada de 8 semanas y necesito abortar. Como irlandesa, tengo un grave problema porque el aborto es ilegal en mi país. Estoy dispuesta a viajar a Londres para interrumpir mi embarazo. ¿Puede alguien decirme cuánto cuesta ir a Reino Unido a abortar». Este llamamiento corresponde a una de las miles de irlandesas que cada año marchan a Londres a poner fin a su embarazo y que buscan información en los muchos foros de Internet en los que participan las europeas que viven en Estados donde abortar es un camino de sangre, sudor, lágrimas y desesperanza.

El derecho a la interrupción voluntaria del embarazo está regulado en la casi totalidad de los Estados de la Unión Europea. Sólo Malta lo prohíbe totalmente, incluso en caso de grave riesgo para la vida de la madre. Polonia, Irlanda e Irlanda del Norte (Reino Unido) son un poco más flexibles que Malta, únicamente autorizan el aborto en el supuesto de que el embarazo ponga en riesgo la vida de la gestante. Si finalmente se modifica la ley española, en los términos comunicados por el ministro Gallardón, España encabezará, junto a Irlanda del Norte, Polonia, e Irlanda, el ranking de países europeos donde en la práctica sea casi imposible abortar.

Alemania, Austria, Bélgica, Francia, Dinamarca, Portugal, Grecia, Bulgaria, Eslovaquia, Estonia, Letonia, Lituania, Hungría, Italia, Rumanía, República Checa, Holanda o Suecia permiten la interrupción voluntaria del embarazo sin justificación hasta la semana 10, en el caso concreto de Portugal, o hasta las 24 semanas, en Holanda. Paradójicamente, Holanda es el Estado de la UE donde menos abortos se practican debido a un exitoso plan nacional de educación sexual.

En Chipre, Bélgica, Luxemburgo y Finlandia no están en vigor leyes de plazos pero de facto sus legislaciones aceptan el aborto libre hasta las 12 semanas, siempre y cuando el embarazo «perjudique socialmente a la mujer o su familia». Tampoco Reino Unido dispone de una ley de plazos, pero la realidad es que el aborto puede ser voluntario hasta la semana 24 gracias a la amplitud de supuestos con los que cuenta su texto jurídico. En Irlanda del Norte, con más población católica, esta ley no se aplica, por lo que la ley británica sólo afecta a los territorios de Escocia, Inglaterra y Gales.

Sólo España –con la actual legislación- y República Checa permiten a las menores de edad abortar sin consentimiento de sus progenitores. En Francia, las jóvenes menores de 18 años y emancipadas deben ser autorizadas, sino por sus padres, por un adulto de su confianza.

Sólo en Rumanía y Bulgaria la sanidad pública no cubre el aborto voluntario. En Holanda y Suecia, la Seguridad Social cubre la interrupción voluntaria del embarazo, se practique en una clínica pública o privada. En Dinamarca se cambió la ley en 2003 y, desde entonces, cualquier mujer, sea o no residente, puede acudir a la sanidad pública a interrumpir su embarazo. Holanda e Italia contemplan la objeción de conciencia, lo que lleva a muchas mujeres italianas a tener que acudir a clínicas privadas debido al alto número de objetores y las abultadas listas de espera en la sanidad pública. Portugal, para evitar problemas de conciencia, es el país de la UE donde más abortos medicamentosos se practican: combinación de medicamentos que se administran vía oral, vaginal y/o intramuscular.

Bélgica, Dinamarca y Francia no ponen límites en caso de malformaciones fetales. En la mayoría de los Estados se permite abortar, en caso de malformación fetal o riesgo para la salud de la madre, hasta la semana 24, considerada por la Organización Mundial de la Salud (OMS) como fecha a partir de la cual el feto puede tener vida propia fuera del vientre materno. Si la gestante sufre riego de morir a causa del embarazo o del parto, la interrupción del embarazo se puede realizar en cualquier momento de la gestación, salvo en Malta que la prohibición es absoluta.

«Por el derecho a la vida» o «Nosotras decidimos»

La joven polaca Dominika Fras afirma que en Polonia «te hacen creer que el aborto es un acto contra tu salud». Dominika cree que, llegado el momento, no abortaría pero defiende que «la cuestión es poder elegir y eso es a lo que todas las mujeres deberíamos tener derecho». Alerta de que, en su país, «desgraciadamente están aumentando los casos de infanticidio debido a los problemas psíquicos que sufren las mujeres jóvenes en el post-parto».

En Polonia, muchas mujeres marchan a Alemania a abortar, siempre y cuando dispongan de 5.000 euros. Otras muchas ponen fin a su embarazo en clínicas privadas polacas que sortean la ley. «El Gobierno polaco sabe que muchas mujeres abortan dentro del país pero, por desgracia, Polonia es un país de mentira, hipocresía y corrupción», sentencia Dominika Fras, que se queja amargamente del poder de la Iglesia Católica que sermonea que «si tu salud está en peligro o el feto sufre una grave enfermedad, el aborto es malo y hacen sentir culpable a las mujeres».

Otra mujer irlandesa de unos 35 años, que pide no revelar su identidad por miedo a represalias en la universidad católica donde trabaja, dice que muchas mujeres de su país «tienen que viajar, en muchos casos solas, a organizar el aborto por su cuenta, alojarse en un hotel y volver a Irlanda habiendo vivido una experiencia traumática que ninguna mujer vive a la ligera». Esta docente irlandesa explica que en Irlanda «usamos mucho la expresión An irish solution to an irish problem» que viene a significar que «somos muy dados a meter la cabeza en la arena a esperar que las soluciones vengan solas».

Se calcula que 7.000 mujeres irlandesas viajan cada año a Gales, Inglaterra e incluso España a poner fin a embarazos no deseados. Pilar de la Paz, experta española en temas de género y activista por el derecho a la interrupción voluntaria del embarazo, advierte de que en España «podemos volver a los tiempos donde sólo las mujeres ricas podían viajar al extranjero a abortar o donde los abortos caseros eran la primera causa de muerte en mujeres en edad fértil».

De la Paz asevera que «el credo religioso es optativo. Hablemos de derechos y de salud». La danesa Connim Rasmusen, residente en España, indica que en su país «no hay tanto rechazo al aborto como aquí y es algo aceptado hasta por las capas más conservadoras de la sociedad». La modificación de la actual ley española tiene aterrada a esta mujer danesa con una vida emocional y laboral estable en España: «me entra miedo y escalofrío sólo de pensar que me puedo encontrar con una situación difícil, durante mi embarazo, y no poder abortar en España».

La española Gracia Yáñez, contraria al aborto, milita en una de las 30 entidades europeas que, junto con varios eurodiputados conservadores liderados por el español Jaime Mayor Oreja, están en pleno proceso de recogida de firmas en el ámbito de los Veintisiete para que la Comisión Europea presente un texto legislativo que «defienda la vida humana». Algo imposible políticamente ya que el tema en cuestión no es competencia de la UE.

Mientras Yáñez recoge firmas «por el derecho a la vida», la chica irlandesa, perdida en la telaraña difusa de la Red, sigue buscando respuestas, a sus muchas dudas, y compañía a la soledad que conlleva vivir un embarazo no deseado en un Estado Miembro que legisla mirando a Roma, en lugar de a los ojos de las muchas jóvenes susceptibles de ser víctimas de experimentos caseros o clínicas abortistas clandestinas que no cumplen con ninguna de las recomendaciones sanitarias que marcan los organismos internacionales que velan por la salud reproductiva y sexual de las mujeres.