«Estamos realmente cansados de las declaraciones», dice Antonio Herman Benjamin, juez de la Corte Suprema de Brasil, en una reunión internacional de especialistas en derecho, organizada este lunes en Nueva York. Desde la Cumbre de la Tierra, de Río de Janeiro en 1992, ha habido avances pero la mayoría de los gobiernos no han cumplido con sus obligaciones.
El resultado de la reunión internacional ha sido la creación de una nueva iniciativa para introducir el papel del derecho en la promoción del desarrollo sostenible llamada Congreso Mundial sobre Justicia, Gobernanza y Derecho para la Sostenibilidad Ambiental. Entre los numerosos participantes del Congreso de distintas partes del mundo habrá jueces, fiscales, juristas, auditores y expertos en desarrollo, que se concentrarán en los problemas que obstaculizan la puesta en marcha de los acuerdos ambientales multilaterales. Los organizadores apuntarán a la formulación y presentación de principios rectores clave para fortalecer el papel del derecho ambiental con el fin de lograr la sostenibilidad a partir de las conclusiones de la Conferencia de las Naciones Unidas sobre Desarrollo Sostenible, conocida como Río+20, y más allá. Entre las medidas que se discutirán está el papel de la justicia y de la evolución de la jurisprudencia ambiental.
Limitados avances
Refiriéndose a la lentitud del cumplimiento de los objetivos en materia de desarrollo sostenible, Benjamin explicó que, en muchos casos, la formulación de las políticas ambientales carece de los requisitos necesarios para su puesta en marcha.»Las leyes no significan nada si no se implementan con eficiencia», indicó. «Tenemos que acortar la brecha entre la academia, los parlamentos y los jueces porque es posible ignorar lo que está escrito», remarcó.
Desde la Conferencia de Estocolmo, de 1972, se han negociado numerosos acuerdos sobre ambiente humano, y la Cumbre de la Tierra, de 1992, pero los expertos señalan que solo se ha logrado un «avance limitado» en el cumplimiento de los objetivos de desarrollo sostenible. Muy pocos acuerdos multilaterales han logrado resultados significativos como el Protocolo de Montreal relativo a las sustancias que dañan la capa de ozono, suscrito en 1987 y que llevó a una caída del 98 por ciento en el consumo de sustancias que producen gases de efecto invernadero.
«El Protocolo de Montreal es un excelente ejemplo de lo que puede lograrse cuando los países trabajan juntos de modo efectivo y en un marco legal consensuado», indicó Amina Mohammad, subdirectora ejecutiva del Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente (Pnuma). Según Mohammad, el Congreso se concentrará en las acciones que deben realizar los especialistas en derecho para superar los desafíos y promover la transición hacia una economía verde socialmente inclusiva y eficiente, así como con pocas emisiones de dióxido de carbono (CO2) y respetuosa con el derecho.
Las discusiones actuales en la sede de la Organización de las Naciones Unidas, en Nueva York, sobre lo que tendrá que conseguir la Conferencia de Río+20 muestran que la sociedad civil se siente frustrada y decepcionada con el papel desempeñado por los gobiernos.
Una crisis que empeora
«El proceso de Río+20 corre el riesgo de verse socavado por intereses creados y gobiernos poderosos», indicó Michael Dorsey, profesor de política ambiental global en el College universitario de Dartmouth,de Estados Unidos, y que ha participado en numerosos encuentros internacionales sobre ambiente y desarrollo desde la Cumbre de la Tierra de 1992.
La crisis ecológica, desde el agotamiento de los recursos por la contaminación, la pérdida de la biodiversidad y una crisis climática que avanza, ha empeorado desde 1992. La marginación y la exclusión también aumentan, nos dijo , aunque algunos países han logradoogaron avances en el ámbito social.
En los acuerdos importantes como las convenciones de Río se considera que el desarrollo sostenible requiere cambios fundamentales en tres áreas: cambio climático, biodiversidad y degradación de la tierra, añadió. «El marco institucional de Río+20 debe facilitar la interrelación e integración de los tres pilares», remarcó.
Como anfitrión, el gobierno brasileño, junto con miembros de la comunidad jurídica y de auditoría, apoya la iniciativa del Congreso Mundial sobre Justicia, Gobernanza y Derecho para la Sostenibilidad Ambiental. El encuentro se realizará del 1 al 3 de junio, antes de la Cumbre de la Tierra, en cuyo marco se presentará el documento final.
El encuentro será presentado por la Asociación de Magistrados del
estado de Río de Janeiro. Entre sus socios está la Organización de los Estados Americanos, el Programa Regional Ambiental del Pacífico Sur, o la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza.
