El tratado ha sido firmado por Albania, Alemania, Austria, Bélgica, España, Grecia, Italia, Luxemburgo, Moldavia, Noruega, Polonia, Portugal, la República Checa, el Reino Unido y Turquía. Todos los países del mundo pueden firmarlo, entrará en vigor con la ratificación de cinco países.

«La venta ilegal y el tráfico de órganos humanos es una grave violación de los derechos humanos, ha dicho el Secretario General del Consejo de Europa, Thorbjorn Jagland. Los donantes suelen ser muy vulnerables, explotados por el crimen organizado, que se aprovecha de la escasez de órganos disponibles para trasplante. La cooperación internacional es crucial en la lucha contra este delito. Hago un llamamiento a todos los países de Europa y más allá a firmar y ratificar la Convención sin demora.»

La Convención ofrece un marco amplio para tipificar el tráfico de órganos como delito, proteger a las víctimas y facilitar la cooperación a nivel nacional e internacional con el fin de procesar a los responsables de tráfico. Se tipifica como delito la extracción ilegal de órganos humanos procedentes de donantes vivos o fallecidos y su uso para el trasplante u otros, así como otros actos relacionados.

Incluye medidas de protección a las víctimas como asistencia física, psicológica y social, la asistencia jurídica y el derecho a obtener una indemnización de los delincuentes.

El acuerdo tiene como objetivo además de prevenir el tráfico de órganos, exigir a los Estados a garantizar la transparencia de su sistema nacional de trasplante de órganos y el acceso equitativo a los servicios de trasplante.

Según la Organización Mundial de la Salud (OMS), entre el 5 y el 10 por ciento de los trasplantes que se hacen en el mundo sufre alguna forma de comercialización.