Por Aimable Twahirwa

Hace casi 20 años el hutu Sylidio Gashirabake participó en el genocidio en Ruanda. Y hace también casi dos décadas que su vecino, el tutsi Augustin Kabogo, perdió a su hermana y otros familiares en aquella violencia sectaria. Pero ahora los dos trabajan codo con codo en una empresa, en el sudoriental distrito de Kirehe.

Se estima que 800.000 miembros de la minoría tutsi y moderados hutus murieron en la masacre que se inició tras la muerte de los entonces presidentes de Ruanda, Juvénal Habyarimana, y de Burundi, Cyprien Ntaryamira, cuando el 6 de abril de 1994 el avión en el que viajaban fue derribado por un misil cerca de Kigali, para impedir que firmaran un acuerdo de paz.

La autoría del magnicidio se desconoce hasta ahora.

Gashirabake salió de prisión en 2006, Tras haber confesado dos años antes sus crímenes y de revelar a su vecino el paradero de los restos de su familia. Kabogo se salvó de la matanza al esconderse en un pantano cercano.

Pero Gashirabake niega haber participado en la muerte de los familiares de Kabogo. «Confesé deliberadamente para sacar este peso de mi conciencia, ya no podía continuar soportándolo después de varios años», dice Gashirabake. Hace dos años, Kabogo le perdonó, y desde entonces los dos vecinos son socios empresariales.

Ambos integran un grupo de 30 personas que participan en un proyecto de cría de cerdos en el distrito de Kirehe, impulsado por un voluntario japonés en 2012 con el fin de reconciliar a víctimas y victimarios del genocidio de Ruanda.

Tanto Gashirabake como Kabogo están convencidos de que, para tener éxito, es imperativo que la reconciliación sea una realidad en Ruanda. Actualmente, con su negocio ganan una media de 200 dólares mensuales.

Kabogo está convencido de que ya no importa si Gashirabake mató o no a su familia. Lo importante, dice es que Gashirabake se disculpó por los crímenes que cometió.

«Debo admitir que la reconciliación mediante la reducción de la pobreza está, lentamente, volviéndose una realidad 20 años después (del genocidio) en Ruanda», nos dice Kabogo.

En los 30 distritos de este país del centro de África hay varios proyectos, apoyados tanto por el gobierno o por organizaciones no gubernamentales, destinados a la reducción de la pobreza.

Esto incluye el proyecto Girinka («Puedes tener una vaca»). Fundado en 2006, distribuye vacas entre familias pobres de áreas rurales apartadas. Hasta 2013, unas 350.000 personas se han beneficiado del programa, según declaran sus responsables.

Casi el 90 por ciento de los ruandeses dependen de la agricultura para sobrevivir y el gobierno ha adoptado una serie de reformas para garantizar el apoyo a los hogares pobres y a los supervivientes del genocidio.

Esto incluye un Fondo Gubernamental de Asistencia para Supervivientes del Genocidio, que se creó en 1998 con un presupuesto total de 117 millones de dólares para dar educación, con programas de atención a la salud y la vivienda para supervivientes del genocidio en situación de vulnerabilidad.

Desde que asumió el poder tras derrocar al régimen genocida en julio de 1994, el ex grupo rebelde y actual gobernante Frente Patriótico de Ruanda (RPF) viene impulsando reformas importantes, entre ellas algunas económicas.

El informe del Banco Mundial «Rwanda: Rebuilding an Equitable Society – Poverty and Poverty Reduction After the Genocide» (Ruanda: Reconstruyendo una sociedad equitativa. Pobreza y reducción de la pobreza después del genocidio) muestra que en 1993 cerca del 70 por ciento de los 11,5 millones de ruandeses vivían bajo el nivel de pobreza.

Cuatro años más tarde, el porcentaje se había reducido al 53 por ciento.

Según las últimas cifras publicadas en la tercera Encuesta Integral sobre Condiciones de Vida en los Hogares 2011, entre 2006 y 2011 otro millón de personas salió de la pobreza.

Ruanda ha sido elogiada por sus socios para el desarrollo –el Banco Mundial, la Unión Europea y el Fondo Monetario Internacional– por estos logros y por el éxito en las reformas económicas.

Pero también hay consenso de que persisten los desafíos para el crecimiento económico y el desarrollo del país.

Pascal Nshizirungu, especialista en ciencias socioeconómicas de la Universidad de Kigali, dice que los esfuerzos nacionales por atraer inversiones deberían acompañarse de planes para estrechar las brechas sociales.

El gobierno, a través de la segunda fase de su Estrategia de Desarrollo Económico y Reducción de la Pobreza, está invirtiendo en áreas clave con el fin de que Ruanda sea reclasificado en 2020 como país de medianos ingresos, con un ingreso por persona de 1.240 dólares.

Actualmente, la clase media del país cobra por persona unos 693 dólares.

El gobierno también ha promovido las inversiones extranjeras, mediante la privatización de empresas y sectores que estaban bajo el control del Estado.

«Además de estabilidad política, el país cuenta con un bien del que carecen otros países de la región: infraestructuras, lo que atrae muchas más inversiones privadas», dice Robert Mathu, director ejecutivo de la gubernamental Autoridad del Mercado de Capitales de Ruanda. «El país busca estimular el crecimiento nacional y crear un clima que aliente la participación del sector privado», afirma.

En 2013, la economía de Ruanda creció un 4,6 por ciento.

«Creemos que al tener socios fuertes en el sector privado reduciremos la pobreza... y que al mismo tiempo esto puede contribuir al crecimiento económico», nos dice el ministro de Finanzas y Planificación Económica, Claver Gatete.

Atul Ajela, gerente general de Dodoma, un fabricante de colchones que inició su actividad hace dos años en Ruanda, cree que 20 años después del genocidio el país es un lugar seguro y el mejor para iniciar una empresa.

«Ruanda tiene un entorno empresarial claro que está brindando incentivos y facilidades, lo que está haciendo fácil nuestra tarea de exportar a países vecinos».