Por José Ignacio Navas Olóriz y José María Salcedo Gener, juristas y miembros del grupo Derechos por la Paz del MPDL
Imaginemos que un ciudadano que vive en El Escorial y se desplaza en su coche a Madrid, se encontrase, al incorporarse a la autopista A-VI, unos grandes bloques de hormigón que se lo impidiesen y se viera obligado a trasladarse a través de carreteras secundarias o caminos sin asfaltar, con la consiguiente pérdida de tiempo y de seguridad. Imaginemos que al tratar de entrar en esta ciudad, una patrulla militar le impidiese el paso, incluso violentamente si se opusiera, alegando como única razón: haber sido prohibido el paso a los habitantes de la sierra madrileña que pertenecieran a un determinado grupo social.
Imaginemos también, que de vuelta a su vivienda otra patrulla que acompaña a un madrileño, le obligase a dejar libre su vivienda de inmediato, para que ese otro ciudadano se instalase a vivir allí.
Cualquier ciudadano español rechazará con incredulidad éstas imposibles situaciones imaginarias, pero no muy lejos de aquí, en la Cisjordania palestina, nadie se extrañaría ante estos hechos.
Esto sucede, por ejemplo, con la carretera 443 que comunica Jerusalén con Tel-Aviv, que tras ser construida con el refrendo del Tribunal Supremo israelí ante las reclamaciones palestinas, basándose en que favorecería los intereses de los palestinos recurrentes, ha visto como después se impedía la circulación a esos mismos palestinos por cuyo interés se construyó, por razones «de seguridad». Así se ha aislado de Jerusalén a la capital provisional de la Autoridad Palestina, Ramala, y a la ciudad de Belén, zona en dónde se concentra el 35% de la economía palestina.
Esto ocurre con los asentamientos que el Estado de Israel construye en territorio palestino, ocupando directamente las tierras o instalándose en el centro de ciudades como Hebrón, cuyos colonos provocan al ejército y policía israelí para utilizarlos de forma interesada y arbitraria en beneficio exclusivo de sus intereses. Incluso nuestro grupo fue detenido de forma arbitraria a requerimiento de una colona israelí que invocaba como argumento legitimador de su demanda de arresto, nuestra propia seguridad, ya que al ir acompañados de ciudadanos palestinos, seríamos objeto de agresión. Es un mundo al revés: la doctrina de la prevención justifica cualquier violación de los derechos humanos.
Por otro lado es un riesgo ausentarse ya que los israelíes exigen prueba de la residencia permanente y en caso de ausencia revocan la residencia e impiden el regreso. Los asentamientos israelíes consumen un tercio del agua total consumida en Palestina. Los palestinos disponen de forma legal, pero teóricamente, de un 54,5 % de la Cisjordania Oriental excluidos los asentamientos. En 1967 el 22 % de la tierra de la antigua Palestina pertenecía a los palestinos árabes o cristianos mientras que en el 2009 sólo el 12 % de ese territorio les pertenece y ello de una manera nominal y no siempre real.
Un grupo de españoles pertenecientes a Derechos por la Paz creado por la ONG, MPDL hemos viajado recientemente a Cisjordania y hemos podido comprobar cómo la humillación y la violencia soterrada forman parte del paisaje que contempla a diario la población palestina. De este paisaje forma parte un muro, enorme, alto y siniestro que separa palestinos de palestinos y que más que una medida de seguridad constituye de facto, una ocupación de tierra palestina ya que ni siquiera sigue la línea verde divisoria del Estado de Israel y del que debía ser palestino, reconocida como frontera tras la guerra de 1967. Su ilegalidad ha sido declarada tanto por el Tribunal Internacional de Justicia el 9 de julio de 2004 y se ve confirmada por los numerosos antecedentes recogidos en esa resolución tales como la Cuarta Convención de Ginebra ratificada, paradójicamente, por Israel en 1951, el Estatuto de Roma creador del Tribunal Internacional de Justicia y la Resolución 465 del Consejo de Seguridad de la ONU. El Estado de Israel no proporciona seguridad a la población palestina ni parece respetar derechos humanos tan elementales como el de la libertad de desplazamiento o circulación o el de libertad de elección de residencia. Un derecho humano esencial y del que cuelgan como cerezas otros no menos importantes, es el derecho a tener una nacionalidad, y el pueblo palestino, no lo ha podido, de momento, disfrutar.
Distintos miembros de la OLP o Fatah, que forman parte de la Autoridad Palestina, entre otros, Abu Eid, del departamento de asuntos extranjeros, reclaman con urgencia la colaboración de la comunidad internacional en la consecución del reconocimiento del Estado Palestino. Otras organizaciones de la sociedad civil israelí, como ACRIS defensora de los derechos humanos, trabajan con denuedo para conseguir ese reconocimiento y de la totalidad de los derechos humanos y civiles básicos tanto en Israel como en los Territorios Ocupados. Pero un Estado necesita un territorio y unas fronteras –para la Autoridad Palestina son las fijadas por la ONU en 1967-, e Israel no permite que ese territorio sea estable –impone asentamientos-, y no estabiliza las fronteras arguyendo razones de seguridad.
Si la situación actual se consolidase resultaría beneficiada la opción islámica más radical –Hamás- y de ese modo se haría inviable el acuerdo pacífico que el pragmatismo de Al Fatah persigue, con el apoyo de las resoluciones de la ONU: dos Estados independientes que convivan en paz. Para ello sería necesario el restablecimiento de las fronteras de 1967, la organización en Jerusalén de dos municipalidades y un coordinador; y el reconocimiento del derecho de retorno y la restitución de sus propiedades a los refugiados palestinos con el realismo que impone la evolución histórica de este derecho; y poner fin a todos los asentamientos israelitas en Gaza y Cisjordania.
Desde luego en este escenario es necesario tener también como interlocutor a Hamás ya que en una futuras elecciones en un hipotético y deseable Estado Palestino (que agrupe Cisjordania, Gaza y Jerusalén Este) el horizonte electoral aventura una no sólo posible sino probable nueva victoria de esta Organización. Otra eventual solución de convivencia sería la de los dos pueblos en un solo Estado que agrupe a ambos, que modifica radicalmente el actual status quo, cuestión ésta que Al Fatah no se niega a discutir, pero no olvidemos que esta alternativa no cuenta con apoyo de las Resoluciones y Acuerdos de la ONU, lo que definiría al pragmatismo de la actual Autoridad Palestina como capacidad de tratar de hacer realidad los sueños.
Por último, el muy reciente y completo informe Goldstone (575 páginas) cuyas conclusiones y recomendaciones han sido aprobadas por el Comité de Derechos Humanos de la ONU en su sesión de 16 de octubre de 2009 ha puesto de relieve nuevamente que aún siendo cierto que grupos armados palestinos han podido causar terror en la población civil israelí mediante el lanzamiento de cohetes y disparos de mortero hacia Israel desde abril de 2001, la reacción del ejército judío ocupando Gaza destruyendo instalaciones alimenticias, sanitarias, fábricas y viviendas de forma sistemática y programada no responde a una real amenaza militar sino a una política que viola los Derechos Humanos Básicos del pueblo palestino incurriendo en lo que se puede tipificar como Crímenes de Guerra.
Este informe y la subsiguiente resolución ya citada del Comité de Derechos Humanos de la ONU, ha sido rechazada por el Estado Israelí que no acepta las numerosísimas conclusiones y acuerdos de la ONU que, por otro lado, siempre han defendido su existencia como Estado y su derecho a la paz y seguridad.
Una idea empieza a abrirse camino y es la de que solo se logrará la paz cuando los intereses políticos se subordinen a los de ambas sociedades civiles y éstas perdonen las afrentas pasadas y los muertos habidos.
