Los sindicatos europeos confirman que los contratos de trabajo «atípicos» se multiplican y afectan particularmente a los jóvenes. La inseguridad laboral, dice la CES, normalmente va unida a sueldos bajos y pobreza, lo cual compromete el futuro de los jóvenes y ralentiza seriamente la recuperación económica. «La CES recomienda un plan de relanzamiento de la economía que apoye la calidad del empleo. Contra el populismo, hay que construir una Europa solidaria», dice su secretaria general, Bernadette Ségol.

Las últimas llamadas a pensar en el crecimiento europeo del presidente del BCE, Mario Draghi, el presidente del Consejo Europeo, Herman van Rompuy, y de la canciller alemana, Angela Merkel, son bienvenidas por la CES, que venía reclamando un plan europeo en ese sentido. Sin embargo, los sindicatos rechazan ya que se base el crecimiento en reformas del mercado del trabajo.

Ségol ha afirmado que «Draghi da un paso adelante y otro atrás. Una economía innovadora y competitiva no se puede construir sobre la base de una sociedad empobrecida. Las reformas estructurales ciegas no han demostrado utilidad. Lo que necesitamos a largo plazo es buenos salarios, diálogo social y promoción del modelo social europeo».

En España, los sindicatos Comisiones Obreras y UGT han difundido un comunicado este Primero de mayo, en el que acusan a la UE de poner en marcha unas políticas neoliberales injustas que conducen a más paro y a más desigualdades sociales. Los sindicatos españoles afirman que «sometidos, con más o menos entusiasmo, a la ideología del pensamiento económico conservador del actual gobierno alemán, los responsables políticos europeos están actuando con una cortedad de miras y unos niveles de irresponsabilidad extraordinarios manteniendo unas políticas manifiestamente fracasadas que ponen en peligro la misma existencia del euro, en lo económico, y de la propia Unión Europea, en lo político».

Sobre la situación española, CCOO y UGT denuncian que la pésima situación económica y del empleo, lejos de reconducirse, se agrava. «El giro en la política económica y social, adoptado por el Gobierno en 2010 y continuado en 2011, ha tenido consecuencias negativas para el empleo y para la prestación de los servicios públicos, facilitando la ofensiva contra lo público que, desde diversos ámbitos políticos y económicos, ligados a las posiciones más neoliberales, se desencadenaron en algunas Comunidades Autónomas y llevan camino de generalizarse en todo el país».

Los sindicatos mayoritarios españoles reclaman al gobierno un proceso de negociación para cambiar en profundidad la reforma laboral, centrar las políticas públicas en el crecimiento económico y la creación de empleo, en la defensa del modelo social, los servicios públicos esenciales y la cohesión social.