Ha pasado un año desde que el jefe de la corresponsalía del diario The Washington Post en Teherán fue encarcelado, acusado de espiar para Estados Unidos y de hacer propaganda contra la República Islámica.

El 10 de este mes, Rezaian habló en su propia defensa en una audiencia judicial a puertas cerradas y ahora se aguarda el veredicto para esta tercera semana de agosto.

Tras una redada realizada en la medianoche del 22 de julio de 2014, Rezaian y su esposa iraní, Yeganeh Salehi, una periodista del diario The National, editado en Abu Dhabi, fueron detenidos junto a dos fotoreporteros estadounidenses.

Pero a diferencia de Salehi y de los otros dos periodistas que fueron liberados poco después, Rezaian permaneció en la prisión de Evin, en Teherán, donde soporta «meses de interrogatorios, aislamiento y amenazas», según dijo su hermano Ali Rezaian a la revista estadounidense The Atlantic.

Anteriormente, Ali Rezaian nos había comentado el esfuerzo que realizaba su hermano en el trabajo por mostrar a los lectores ángulos alternativos de Irán y por animar a la gente a visitar el país.

De hecho, Rezaian, quien también fue corresponsal de IPS, solía escribir sobre otros temas, diferentes a los asuntos más candentes, como el programa nuclear iraní, concentrándose en cuestiones sociales y culturales. Por ello, su detención generó gran sorpresa y preocupación.

La iraní-estadounidense Haleh Esfandiari, directora del Programa de Medio Oriente del Centro de Investigadores Woodrow Wilson, quien también fuera detenida por la seguridad iraní en 2007, dijo a IPS: «Realmente no puedo comprender por qué fueron tras Rezaian ya que evitaba temas controvertidos y se ceñía a asuntos sociales». «Pero como periodista extranjero en Irán, debían tenerlo bajo vigilancia y seguirlo», acotó.

«Cuando la justicia decide detenerlo, fue una forma para los más conservadores de dañar al gobierno, que negociaba un acuerdo nuclear con Irán. Creo que la detención de Jason tiene que ver con cuestiones internas, más que con que él haya hecho algo terrible», opinó.

En un artículo para The New York Times, Esfandiari analizó la detención de Rezaian en el marco de las negociaciones entre el gobierno iraní y el P5+1 (China, Estados Unidos, Gran Bretaña, Francia, Rusia y Alemania) sobre el programa nuclear, «un complot para debilitar (al presidente de Irán, Hassan) Ruhaní».

Su condición de reformador moderado, hizo que Ruhaní tratara de mejorar las relaciones con Estados Unidos y de facilitar la incorporación de Irán a la comunidad internacional, explicó.

Pero desde su elección, los más conservadores, entre ellos los servicios de inteligencia, la justicia y los Guardianes de la Revolución Islámica, han cuestionado las reformas y, en lo que respecta al programa nuclear iraní, presionan para que haya una confrontación con los gobiernos occidentales, en vez de concesiones, añadió

«La detención de Rezaian probablemente fue tan sorpresiva para Ruhaní y los miembros de su gabinete como para todos nosotros, y estoy segura de que tras bambalinas, su gobierno trata de presionar a la justicia para que lo libere», especuló Esfandiari.

El consejo editorial de The Washington Post también mencionó el contexto de las negociaciones nucleares como una de las principales razones de la detención de Rezaian, pero más bien lo considera como instrumento de presión contra el régimen.

«Es difícil no sacar la conclusión de que lo están usando como títere del régimen para lograr ventajas en las negociaciones», opinó.

Había esperanzas de que con la aprobación del acuerdo nuclear se lograra la liberación de Rezaian, pues la imagen de Irán en el extranjero está más en juego y los presuntos motivos de su detención ya no tienen relevancia.

Sin embargo, ya pasó un mes desde la firma del mentado acuerdo, que espera la aprobación del Congreso legislativo de Estados Unidos, y Rezaian permanece en prisión.

Todos los ojos están puestos en el veredicto, que debería conocerse en esta tercera semana de agosto, según la abogada de Rezaian, Leila Ahsan. La legislación iraní prevé que los veredictos se anuncien una semana después de la última audiencia. Pero todavía no hay una fecha oficial.

Esfandiari mencionó tres situaciones posibles. La mejor, que lo condenen por el tiempo cumplido, es decir que sea liberado inmediatamente bajo fianza o bajo su palabra. Otra, que lo condenen a 15 o 16 meses, es decir que pasaría otros dos meses en prisión o, en el peor de los casos, una condena más larga, que podrá apelar.

Defensores de derechos humanos y de la libertad de expresión condenan no solo la encarcelación sin justificación con fines políticos, sino toda la realización del juicio y, en especial, las demoras del proceso judicial.

Sherif Mansur, coordinador de programa de Medio Oriente y África del Norte del Comité para la Protección de los Periodistas, dijo a IPS: «Según la legislación iraní, ninguna persona puede permanecer detenida más de un año en prisión, a menos que esté acusada de asesinato».

«Es decir que tendrían que haber liberado a Rezaian el 22 de julio de este año. Y eso no pasó. Seguimos condenando el juicio y reclamando su inmediata liberación», remarcó.

En julio, The Washington Post pidió formalmente a la Organización de las Naciones Unidas (ONU) acciones urgentes por el caso Rezaian presentando una petición ante el Grupo de Detenciones Arbitrarias del Consejo de Derechos Humanos.

La solicitud denuncia la ilegitimidad del proceso judicial, incluyendo el aislamiento en solitario, los interrogatorios extenuantes y el tratamiento médico insuficiente.

A principios de este año, Ahmed Shahid, relator especial de la ONU para la Situación de Derechos Humanos en Irán, junto a otros renombrados especialistas, también expresaron serias preocupaciones por el proceso.

La situación de derechos humanos en Irán, en especial en materia de libertad de expresión, sigue siendo preocupante, recordó Shahid

«El caso de Rezaian es un ejemplo de las dificultades que afrontan los periodistas en Irán. Por lo menos 40 reporteros están detenidos, sin contar los 12 activistas de redes sociales y Facebook, que hace poco fueron detenidos o condenados», recordó.

«Periodistas, escritores, internautas y defensores de derechos humanos siguieron sometidos a interrogatorios y detenciones por agencias gubernamentales en la primera mitad de 2015, y el Poder Judicial siguen dictan duras condenas de prisión a personas que ejercen su legítimo derecho de expresión», puntualizó.

«Treinta de los detenidos están acusados de 'propaganda contra el sistema', 25 de 'insultar' a una autoridad política o un concepto religioso, y 12 de perjudicar la 'seguridad nacional'», detalló.

«Preocupa especialmente el aumento de ejecuciones, pues se registraron 694 ahorcamientos hasta principios del mes pasado, un número que no se veía desde hace 25 años. La mayoría fueron por delitos no tipificados como los capitales según las leyes internacionales de derecho humanos», subrayó.