Septiembre de 2014, tres meses después de la celebración de elecciones al Parlamento Europeo se conoce el último caso de «puerta giratoria»: Fiona Hall. Corporate Europe Observatory (CEO), organización dedicada a promover la transparencia de instituciones, diputados y altos funcionarios europeos en el ejercicio de sus funciones, ha denunciado su caso en un informe abierto sobre este fenómeno, en constante actualización. Según esta organización esta diputada británica, desde 2004, y líder de la Alianza Demócrata Liberal del Parlamento Europeo, decidió no concurrir a las últimas elecciones para ejercer en la empresa privada. Recién creada su nueva consultoría, la exdiputada ha firmado un contrato para asesorar, de forma casi exclusiva, a Rockwool International, multinacional danesa que opera en 30 países y obtuvo en 2013 un beneficio de 2.000 millones de euros, dedicada al aislamiento energético de edificios. Nada de lo expuesto sería reseñable si no fuera porque Hall durante los últimos diez años formó parte del Comité para la Industria, la Investigación y la Energía del Parlamento, ocupando un papel importante en la redacción de la Directiva de eficiencia energética de cara al 2030 y de obligado cumplimiento en toda la Unión. Según un artículo escrito por la propia Hall en agosto de 2012 para el portal Liberal DemocratVoice, «uno de los puntos más importantes de la nueva Directiva es la obligación que tendrán los Estados miembros de adoptar planes integrales a largo plazo para la profunda renovación [medidas de eficiencia energética, como es el aislamiento] de los edificios existentes». Es decir, la diputada habría impulsado una normativa que viene a asegurar de cara al futuro un nicho de mercado a empresas como a la que asesora desde el 1 de septiembre.

Según el Registro de Transparencia de la UE, cuyo fin es «ofrecer a los ciudadanos un acceso sencillo y directo a la información sobre quienes intervienen en actividades destinadas a influir en las decisiones de la UE, los intereses que persiguen y los recursos que invierten en dichas actividades», la citada empresa declaró haber gastado en al año 2012, año de aprobación de la Directiva, entre 300.000 y 350.000 euros en gastos de representación de sus intereses ante instituciones europeas. Además es cliente de Cabinet DN, consultoría dedicada, según su web, a «ofrecer los medios necesarios para clientes [empresas] que buscan influir en la Unión Europea», que también declaró al Registro de Transparencia haberse gastado 3 millones de euros en actividades de influencia.

Sin que sea un ejercicio de matemáticas, el caso descrito permite ilustrar el fenómeno de la «puerta giratoria», por el que la empresa A ejerce de lobby o contrata a terceros, empresa B, para influir en los órganos de gobierno de la UE, y obtiene sus ganancias al salir de Bruselas una normativa afín impulsada por un diputado o alto cargo C, que luego, éste, es recompensado por A y/o B.

Claude Juncker se compromete con la transparencia política

Conocedora del problema, y más aún, consciente de que los periodos de transición entre viejas y nuevas instituciones son propicios a dichas sospechosas colocaciones, Europa parece querer cambiar de rumbo y plantar cara al asunto. El pasado 16 de julio, el nuevo presidente de la Comisión, Jean-Claude Juncker, en su primer discurso ante el Parlamento, en los actos para la toma de posesión de su cargo, declaró «también estoy comprometido a una mayor transparencia a la hora de ponerse en contacto con las partes interesadas y los grupos de presión. Nuestros ciudadanos tienen el derecho a saber con qué Comisarios y personal de la Comisión se ponen estas empresas en contacto».

El anuncio ha sido bien recibido por las organizaciones denunciantes. Access InfoEurope, tras la intervención de Juncker, declaró dar la bienvenida a «la creación de un registro obligatorio, ya que esto ayudará a garantizar una mayor transparencia en torno a las decisiones tomadas en Bruselas que afectan a la vida de los ciudadanos en toda Europa». A su vez ALTER-EU (Alianza por la Transparencia del Lobby y Regulación de la Ética) recibirá positivamente la medida, ya que de ejecutarse, supondría un cambio respecto a la valoración que del mandato del portugués José Manuel Durão Barroso, anterior presidente de la Comisión, hizo la organización en un informe publicado a finales de abril (antes del discurso de Juncker). Lo acusaban de haber «fracasado a la hora de lograr avances significativos en áreas clave como la transparencia lobista, las puertas giratorias, los grupos consultivos y el acceso a los documentos». También mostraban su descontento con Maros Sefcovic, Comisario de Relaciones Interinstitucionales y Administración, al valorar su actitud como «pasiva y reactiva, más preocupada por defender el statu quo que por tomar efectivamente la iniciativa para asegurar el derecho a saber de la ciudadanía».

Si lo comparamos con la opacidad y mutismo pasado y presente, podríamos estar viviendo el inicio de una «edad de oro» en cuestiones de transparencia, que habría encontrado como germen la laxitud de la actual normativa de control y la presión ejercida por la iniciativa 'Politics for People' (Políticas para las Personas).

Según el «Código de Conducta para miembros del Parlamento Europeo respecto a intereses financieros y conflictos de intereses» aprobado en 2011, y como recoge CEO en su informe sobre Fiona Hall: «los ex miembros del Parlamento Europeo que participan en actividades de cabildeo o de representación profesional directamente relacionados con el proceso de toma de decisiones de la Unión Europea no podrán, en todo el período en el que se dedican a esas actividades, beneficiarse de las facilidades concedidas a los antiguos miembros en virtud de las normas establecidas por la Mesa a tal efecto». El beneficio del que no podrían disfrutar sería el cobro de una indemnización equivalente al sueldo de un mes por cada año como diputado, con un mínimo de 6 meses y un máximo de 24.

También deben inscribirse en el Registro de Transparencia y muchos lo hacen, aunque las organizaciones antilobistas creeen que esta medida no garantiza la efectividad de la medida. Es el caso de Fiona Hall, que en respuesta a la petición de explicaciones por CEO, contestó que «como consultora por supuesto voy a inscribirme en el Registro y a solicitar un pase de cabildeo [necesario para entrar en oficinas gubernamentales]» y a su vez justificó su nueva ocupación en el hecho de que «es útil que haya algunos intereses corporativos a favor de la eficiencia energética, ya que existen enormes intereses comerciales de cabildeo en el otro lado de la discusión, sobre todo en el combustible fósil y nuclear». Pero el problema deriva en que según CEO, «no existe un proceso para monitorear o hacer cumplir esta parte del código y asegurarse de que los ex diputados no utilizan su pase de acceso permanente para fines de cabildeo». Es decir, los ex diputados dirían solicitar el pase de cabildeo (para lo cual debe pasar un año) en el Registro, pero obviarían decir que han pedido otro «no cabildeo», el permanente, para acceder al recinto durante ese año, pero que utilizan al efecto.

Por ello, en opinión de CEO «cuando los eurodiputados pasan de trabajar sobre un tema específico en el Parlamento para luego trabajar sobre el mismo asunto para los intereses privados, es importante que haya algunas medidas de seguridad para evitar cualquier posible riesgo de que las empresas sean conocedoras de información privilegiada. El Código de Conducta debe ser reformado para establecer salvaguardias para que los clientes privados no se benefician de información privilegiada con origen en los conocimientos de los exeurodiputados y el acceso privilegiado que tienen a los, ahora, probables responsables de tomar decisiones».

En respuesta a esta normativa «del todo insuficiente», ALTER-EU, de cara a las pasadas elecciones europeas, puso en marcha la campaña 'PoliticsforPeople' (Políticas para las Personas) a la que se han sumado 165 eurodiputados del nuevo Parlamento, para fomentar en la próxima legislatura la transparencia y la consecución «de reglas éticas en las políticas europeas».

Otros casos en 2014

Fiona Hall no ha sido la única ex diputada o ex alto cargo de la UE seducida por el fenómeno de la «puerta giratoria», otros altos cargos de la Unión han quedado también «atrapados», según CEO.

Sharon Bowles. Agosto 2014. Ex diputada británica presidenta de la Comisión parlamentaria de Asuntos Económicos y Monetarios (ECON), en la que discutieron la Directiva sobre mercados de instrumentos financieros (MiFID), la Directiva sobre gestores de fondos de inversión alternativos (GFIA) y la Directiva sobre requisitos de capital (CRD); ha pasado a trabajar como directora no ejecutiva de London Stock Exchange Group (empresa financiera que gestiona la bolsa de Londres).

Arlen McCarthy. Julio 2014. Ex diputada británica, trabaja ahora para SovereignStrategy (inversora financiera) tras ser vicepresidenta de la Comisión del Parlamento Europeo sobre Asuntos Económicos y Monetarios.

Corien Wortmann-Kool. Mayo 2014. Ex diputada por los Países Bajos, tras ser miembro de la también Comisión de Asuntos Económicos y Monetarios del Parlamento Europeo, forma parte de la plantilla de la aseguradora Aegon.

Hervé Jouanjean. Mayo 2014. Francés, ex director de la Dirección General de Presupuesto de la UE, trabaja ahora para Fidal, la mayor firma de abogados de Francia.

. Febrero 2014. Sueca, miembro de la Dirección General de Competencia, ha pedido una excedencia de un año para trabajar en la filial de Apple para el Benelux.

Cristiano Thimann. Enero de 2014. Alemán, ex consejero de la presidencia del Banco Europeo de Inversiones, ahora trabaja como Jefe del Grupo de Estrategia y Relaciones Públicas del grupo AXA.

La respuesta de la Comisión a estas y otras colocaciones la da Antonio Gravili, desde 2011 portavoz de Relaciones Interinstitucionales y Administración en la era Barroso, con cifras. En una entrada titulada «Las puertas giratorias. ¿Cómo la Comisión evita los conflictos de interés?», publicada en su blog personal, «Ajuste de las cosas claras» (dentro de la web oficial de la Comisión), señala que «en 2011 había 105 solicitudes de funcionarios que solicitan autorización para trabajar en un campo similar a su trabajo en la Comisión: 80 fueron autorizados, 24 fueron autorizados con restricciones y condiciones, y uno fue rechazado. Así que la Comisión tuvo algún tipo de intervención en el 24% de los casos.

Sólo una petición fue rechazada por completo, pero eso no es una señal de que las reglas sean «débiles» o no funcionen. Por el contrario, es una señal de que las normas están teniendo efecto, y son bien conocidas y comprendidas por el personal, que, por tanto, no acepta trabajos en los que su posición podría estar comprometida».

Pero de cara al futuro y de no cambiar la normativa hacia una mayor «dureza necesaria que introduzca salvaguardias», las organizaciones civiles temen la nueva oleada de colocaciones que se avecina con el anuncio de la nueva Comisión Juncker y la inevitable salida de algunos Comisarios hasta la fecha. Habrá que esperar a ver si, en la presente legislatura, definitivamente Bruselas, la presión que las organizaciones esperan que ejerzan los 165 diputados adeptos a la causa, tapia la tan concurrida «puerta giratoria».